Colombia se indigna
Editorial, Revista Deslinde 54. Enrique A. Daza G
Durante las últimas semanas ha sido notorio el aumento de las movilizaciones y protestas sociales. Miles de agricultores se concentraron en las carreteras durante varias semanas entre septiembre y octubre; posteriormente los indígenas salieron a una Minga Nacional; simultáneamente los estudiantes convocados por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, organizaron jornadas de protesta. A mediados de octubre y ante la decisión gubernamental de tramitar aceleradamente en el Congreso una reforma a la salud, que mantiene en esencia el sistema establecido por la Ley 100, los trabajadores y trabajadoras de este sector, han salido en multitudinarias marchas que con frecuencia han involucrado a parte de la población afectada.
En el caso de las “dignidades agropecuarias” (Papera- Cafetera- Panelera- Lechera- Arrocera- Cebollera y Cultivadores de caña), después de arduas negociaciones se efectuaron 88 acuerdos con el Gobierno y se constituyeron comisiones para concretarlos. Un ejemplo es el acuerdo suscrito en Tunja con los productores de clima frío de Nariño, Cundinamarca y Boyacá que establece salvaguardas a las importaciones provenientes de la CAN y Mercosur en una serie de productos, a la vez que favorece a los productores agrarios en compras estatales y se instauran algunos mecanismos de protección ante los TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, además de fomento a las exportaciones a Venezuela, facilidades para el pago de los créditos y medidas para la reactivación en la producción de cereales.
En Neiva el 5 de septiembre el Gobierno suscribió un acuerdo con otra vertiente del movimiento campesino, la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, MIA, sobre condonación de deudas que estuvieran vencidas a diciembre de 2012, garantías de que el apoyo a los cafeteros se mantenga durante 2014, medidas para abaratar la adquisición de insumos, replanteamiento de la institucionalidad del sector agropecuario, revisión de los impactos de los proyectos mineros en zonas de alta sensibilidad ambiental y medidas contra el contrabando, entre otros acuerdos
La Minga Indígena presentó sus demandas el 17 de octubre y realizó concentraciones en 18 lugares del país. Una semana después, el 23, los indígenas regresaron a sus labores tras pactar con el Gobierno algunas medidas para desarrollar sistemas propios de salud, educación y administración en los territorios, así como la promesa de recursos para compra de tierras y además se concertaron diversos planes para la protección de las comunidades, así como el fortalecimiento de la Guardia Indígena. La propia Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en su comunicado de balance afirma que no hubo acuerdo con el Gobierno Nacional en la solución estructural del problema territorial de los Pueblos Indígenas; en la exclusión de los megaproyectos minero energético de los territorios indígenas y en la revisión de las políticas de libre comercio (TLC).
Estas movilizaciones no aparecieron súbitamente en septiembre. En el trascurso del año diversos sectores han hecho movilizaciones, paros y presentado pliegos. El Gobierno no había atendido los reclamos y la famosa frase presidencial “el tal paro nacional agrario no existe” resume muy bien la actitud de Juan Manuel Santos
Dos meses después, Dignidad Agropecuaria señaló que más del 80 % de los acuerdos se ha incumplido, con particulares impactos en el caso del café. Según la MIA han realizado 5 rondas de negociación sin que asistieran funcionarios con capacidad decisoria y a los indígenas no se les ha dado respuesta sobre asuntos fundamentales. Mientras tanto, el Gobierno lanzó un “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural” sin presencia campesina y en lugar de tramitar en el Congreso medidas para aliviar la situación del agro, anunció el trámite de leyes para dar garantías a los inversionistas.
A pesar de las movilizaciones estudiantiles el Gobierno no reconoce el billonario déficit y la crisis de las instituciones de educación superior y la respuesta a las movilizaciones contra la reforma a la salud ha sido cambios marginales.
La actitud gubernamental ante las exigencias sociales ha sido ignorar su importancia, dilatar los acuerdos, incumplirlos, crear comisiones inoperantes que carameleen a los movimientos, y finalmente, no replantear ninguna de las políticas esenciales que se han cuestionado. Es notorio el rechazo de toda la sociedad a los tratados de libre comercio y a la liberalización de importaciones, así como la exigencia de que el Estado cuente con mecanismos eficaces de apoyo a la producción y comercialización agrícola, y de real respaldo al desarrollo social en materia de salud y educación.
Es inconcebible que un país pueda funcionar sin un sistema de salud decente, sin el fortalecimiento de la educación pública y sin el apoyo y fomento a la producción agraria. Este no es un problema de estudiantes, personal del sector salud o campesinos, es un problema de toda la ciudadanía. Nada que afecte más a las personas como los alimentos, la salud y la educación.
Ojalá el proceso de paz culmine rápida y exitosamente para que todo el país pueda concentrarse en resolver problemas como estos que no dan espera.
