Elecciones locales 2015: democracia en riesgo, postconflicto en juego

El próximo 25 octubre los colombianos podrán ejercer su derecho al voto para elegir mandatarios locales entre 113.426 candidatos inscritos a nivel nacional para cargos de Gobernación, Alcaldía, Concejos, Asamblea, y Juntas Administrativas Locales.

Este proceso electoral es más importante que nunca para el futuro de Colombia, por varios motivos. En primera instancia, estos serán los mandatarios del postconflicto; es decir que serán los responsables de implementar los – posibles – acuerdos que salgan de la negociación de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Vale la pena recalcar que con la firma de un acuerdo de paz con las FARC-EP se cerrara un episodio violento de la historia nacional, pero se intensificarán los evidentes problemas económicos, sociales, y ambientales que el conflicto armado mantiene al margen.

Por otro lado, estos mandatarios manejarán enormes recursos del Estado para solventar los problemas básicos de infraestructura y para el plan de choque del postconflicto1. Esto implicará que el gobierno de Juan Manuel Santos tendrá que asegurar que los candidatos que se elijan sean aquellos afines a su agenda gubernamental. Por ultimo estas elecciones serán un escenario para que nuevas fuerzas políticas prueben suerte, en especial fuerzas políticas de la izquierda, provenientes de sectores sociales, gremiales, y sindicales. Es así como la seguridad física para los candidatos en estas elecciones es fundamental, para generar confianza en los que podrán llegar a ser futuros candidatos de la política local y nacional provenientes de sectores de la insurgencia.

Consistente con una tradición de más de una década de investigación, el equipo de la Fundación Paz & Reconciliación, lleva más de cuatro meses haciendo seguimiento a los candidatos que aspiran a las elecciones locales de Octubre 25, 2015, en 19 departamentos. Los resultados hasta hoy son poco alentadores.

Para la primera semana de julio, 2015, la Fundación publicó una matriz de riesgo electoral, la cual refleja la presencia de 140 candidatos que tienen vínculos con  la ilegalidad, los cuales tendrían 78% de probabilidades de ganar. Una situación dramática que podría debilitar aún más la frágil democracia colombiana.

Estos 140 candidatos cuestionados fueron categorizados en cuatro niveles de riesgo. En primer lugar se encuentran los “herederos de la parapolítica”. Estos son candidatos “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado, o investigado por sus alianzas con paramilitares. Los herederos de la parapolítica son usualmente familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión. En esta categoría se encuentra el caso de Rosa Cotes, candidata por el partido Cambio Radical a la Gobernación del Magdalena, quien es esposa del condenado parapolítico y ex alcalde de Santa Marta, José Francisco “Chico” Zúñiga. Esta candidata hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los “Conejos”, a quienes se les acusa de manejar una red de contrabando y narcotráfico, y quienes han liderado las riendas políticas del Magdalena por décadas2.

En otra categoría encontramos candidatos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría y/o Fiscalía3. Estos son candidatos que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada de escándalos por mal manejo de recursos, o que han violado la ley por acción u omisión durante su mandato. En esta categoría se encuentra por ejemplo, el candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Yarumal, Carlos Guillermo Atehortúa, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría General de Antioquia por detrimento al patrimonio público por la construcción de un parque por 2.850 millones, que aún se encuentra en ruinas4.

En una tercera categoría se encuentran candidatos ligados con mafias y grupos armados ilegales. Tal es el caso de Jesús Ignacio Londoño Zabala, candidato a la alcaldía de Cartago, quien era conocido como el intermediario de los narcos con la alta política y ha sido señalado como uno de los puentes entre los capos del cartel de “Los Comba”5. Este candidato fue asesinado el 20 de julio, días antes del cierre del registro de candidatos a las elecciones locales, en lo que las autoridades han llamado un asesinato posiblemente relacionado con ajuste de cuentas por negocios con la mafia6.

Una última categoría son los candidatos ligados con redes de contratistas corruptos, que se han beneficiado del desfalco del erario público, como es el caso de Holger Díaz quien es candidato a la gobernación de Santander por el partido de la U. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo SaludCoop para beneficiarlos con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República7. Igualmente una red de veeduría ciudadana lo acusa de incurrir en un tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que su esposa hacía parte de la regional Santander de SaludCoop y luego habría fungido como contratista independiente de la EPS.

Los primeros resultados de la investigación se refieren a varios problemas sistemáticos con las instituciones electorales, judiciales, y ante todo un problema fundamental de la ciudadanía la cual continúa votando por candidatos cuestionados. Ejemplo de esto se presentó en las elecciones legislativas de 2014, donde de la lista de 130 candidatos de riesgo, 70 fueron elegidos al Congreso de la Republica – 33 al Senado, y 37 a Cámara de Representantes. Es decir que 33% de los Senadores de la republica fueron elegidos a pesar de las denuncias públicas de sus alianzas con ilegales.

Para las elecciones locales, este porcentaje podría ser mucho mayor dado el número de candidatos que aspiran a las diferentes corporaciones locales.

De los 140 candidatos cuestionados 22 están siendo avalados por el partido Liberal; mientras que 19 son avalados por el partido de la U; 18 por el Partido Conservador; y 12 por Cambio Radical. Es decir que la mayoría de los candidatos cuestionados son de los partidos de gobierno de la Unidad Nacional. Por otro lado los partidos emergentes no están ausentes de candidatos cuestionados. Opción Ciudadana (antiguo PIN y antes Convergencia Ciudadana), cuestionado partido de los parapolíticos de Santander y Bolívar, tiene 10 candidatos cuestionados. Y por su parte, el partido del senador Álvaro Uribe – Centro Democrático – tiene 10 candidatos cuestionados. Vale la pena recordar que muchos de los ahora candidatos cuestionados de la lista o los clanes políticos que representan, que pertenecen a la Unidad Nacional, eran los aliados políticos más firmes del entonces presidente Uribe, y fue durante su mandato que emergió el escándalo de la parapolítica.

Lo que esto demuestra es que los candidatos de dudosa trayectoria, ante la exigencia de costosas pólizas de seguro para nuevos movimientos políticos y la atención que llama en los medios nacionales la irrupción de nuevas fuerzas políticas, se han acercado a los partidos tradicionales como el Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y ASI, para obtener los avales para sus candidaturas. De la misma manera los partidos emergentes como Centro Democrático, Opción Ciudadana, y Alianza Verde tampoco son ajenos a candidatos cuestionados. Esto se da como un fenómeno para estas elecciones, ya que en elecciones locales pasadas, los candidatos cuestionados, creaban sus propios movimientos o partidos políticos con los que se lanzaban al escenario político. En otras palabras, en los procesos electorales en Colombia, no es el partido quien escoge a sus candidatos para que representen unos ideales, sino los candidatos quienes eligen el partido, ya que ellos representan un caudal de votos que pueden mover de un partido a otro. De esta manera, el sistema electoral estaría diseñado para privilegiar la personalización de la política, en tanto se da la acumulación de votos que representa un barón electoral, que mide la política por sus intereses políticos personales y no por la filiación ideológica o partidista8.

En consecuencia esto ha llevado a que nuevos actores políticos no puedan emerger en las filas de los partidos políticos, lo que ha sesgado la renovación de la política.

Otro fenómeno que se presenta para estas elecciones es que los gastos de campaña han aumentado exorbitantemente, en lo que se podría describir como “una feria” de dineros. Este fenómeno se ha visto por todo el país. Candidatos cuestionados han hecho uso de estrategias mediáticas manipuladoras para participar en política mucho antes del periodo legal de campaña. Esto quiere decir que mientras la competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan y por ende se violan las normas electorales. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales financien campañas dados los altos costos para competir electoralmente. Lo que de igual manera limita a nuevos fuerzas políticas a participar.

De cierta manera se está pasando de un proselitismo armado en las elecciones, a un proselitismo económico de financiación de campañas. El caso más papable de esta situación es Carlos Andrés Clavijo, candidato a la alcaldía de Cali, quien invirtió una exorbitante cantidad de dinero en una campaña publicitaria con más de 400 vallas que promocionaban un libro de su autoría el cual nunca se publicó. Esto, con el fin de promocionar su nombre en la opinión pública.

Ante escenarios irregulares como el de Clavijo las autoridades electorales han sido esencialmente incapaces de actuar, ya que no cuentan con los recursos operativos y logísticos, ni con la voluntad política, para poder satisfacer las necesidades de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral. De igual manera ambas instancias, el Concejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, son entidades totalmente politizadas; en la primera entidad sus miembros son elegidos por el Congreso de la Republica, donde las mayorías partidistas (usualmente gobiernistas) imponen su selección. Y en la segunda entidad el Registrador es escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Pero aun cuando esta selección tiene más independencia, en la práctica esta posición es altamente politizada por los intereses de la rama judicial por medio de favores políticos entre ellos.

Finalmente, ante los resultados que arroja la lista de 140 candidatos cuestionados, se puede decir que aún existen riesgos de violencia hacia candidatos de todos los partidos políticos. Esto por cuenta de las alianzas criminales que presuntamente mantienen al menos la mitad de los 140 candidatos con organizaciones criminales, narcotraficantes o porque sus estructuras políticas se beneficiaron de la relación con paramilitares. Esto es indicativo ante las denuncias de amenazas de candidatos en prácticamente todos los departamentos del país. En algunas regiones se han presentado atentados, como fue el caso en el departamento del Vichada donde murió el gerente de campaña de la candidata a la Gobernación por la Alianza Verde. De igual manera el reflejo más escalofriante es el del ya mencionado candidato a la alcaldía de Cartago Jesús Londoño. Frente a este escenario, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) ha hecho un llamado al gobierno nacional – como lo han hecho todos los partidos políticos inscritos – para que se garantice la seguridad de los candidatos, y no se presente un escenario como el de las elecciones de 2011, donde 20 candidatos fueron asesinados9. Esto se reitera frente a un escenario donde se debe generar confianza en el sistema político para la futura participación de la insurgencia.

Estas elecciones serán definitivas para marcar el rumbo del país para toda una generación, ya que ante la posible firma de los acuerdos de paz en la Habana, se podrá dejar a un lado una parte del conflicto armado, para que finalmente Colombia afronte los problemas más profundos en lo social y económico. Y esto solo se garantizará votando por candidatos honestos con una visión integral de país, dejando atrás a los candidatos de la criminalidad, la corrupción y la politiquería.

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1. El Plan de Choque es una estrategia que se debe implementar en los primeros 18 meses después de la firma de paz, para que el postconflicto funcione. Este plan incluye proyectos de infraestructura básicos y esenciales que generen cambios inmediatos en la vida de los colombianos en los municipios más afectados por el conflicto. En este caso los 281 municipios priorizados por la Fundación Paz & Reconciliación.

2. http://www.semana.com/nacion/articulo/relaciones-gobernadores-con-la-mafia/362629-3

3. http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-ilegalidad-articulo-570583

4. ibíd.

5. http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-ilegalidad-articulo-570583

6. http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinan-a-ignacio-londono-zabala-candidato-a-la-alcaldia-de-cartago/16123099

7. http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-ilegalidad-articulo-570583

8. Ariel Ávila. Recomendaciones. Elecciones Legislativas 2014. Fundación Paz & Reconciliación.

9. http://www.elheraldo.co/politica/pnud-advierte-sobre-riesgos-por-amenazas-candidatos-199280.