Home Destacados La olla a presión del servicio eléctrico en la Costa Atlántica

Norman Alarcón Rodas Secretario del Polo Democrático Alternativo del Atlántico, Integrante del Movimiento Indignados con Electricaribe en el Atlántico

HOY

En el año 1998 la política neoliberal de privatización tocó las puertas del servicio eléctrico en la Costa Atlántica. En primer lugar, las electrificadoras de la región fueron enajenadas por una empresa foránea con sede en Caracas, pero al poco tiempo la trasnacional española Unión Fenosa se hizo a ellas, siendo uno de los principales patrimonios públicos del Litoral Atlántico, a precio de gallina flaca: 450 millones de dólares (menos de un billón de pesos de hoy, cuando las deudas actuales de los usuarios con la empresa superan esa cifra). Más de quince años después el panorama es desolador, como se palpa en la realidad cotidiana y lo demuestran las cifras conocidas en el debate de la comisión quintan del senado del 17 de septiembre pasado, citado por los senadores Jorge Robledo y Dayra Galvis, y el informe anual de gestión de la empresa del año 2013, publicado en su página web.

1. Precaria situación social

El perfil del negocio de electricidad en la Costa Norte colombiana muestra la precaria situación social de la inmensa mayoría de sus habitantes, según el último informe de la empresa Electricaribe que atiende la comercialización y distribución de energía eléctrica en siete departamentos generando 1.479 empleos directos.

Clientes por segmento de mercado:

HOY

 

 

 ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

(subsidiaria de Electricaribe)

HOY

Empresa única en el país especializada en barrios subnormales.- 1.834 barrios subnormales. 419.306 familias de estrato 1.  Infraestructura anti técnica, riesgo permanente.

El cuadro de usuarios residenciales resume la lamentable situación en que subsiste la población de esta parte del país: 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y barrios subnormales, y el 15% restante es de los estratos 3, 4, 5 y 6.

HOY

2. Deudas impagables

En cuanto a Energía Social (que atiende sectores subnormales), la deuda total acumulada entre 2004 y agosto de 2013 es de 217.094 millones de pesos, cerca de un millón de pesos por familia de los estratos más humildes. Se ha podido comprobar que estas deudas están infladas por las siguientes razones:

La empresa utiliza en muchas ocasiones el cobro de consumo estimado, el cual está prohibido por la Ley 142 de 1994 (solo lo admite en un solo mes). Esta denuncia la ha corroborado la Superintendencia de Servicios Públicos, oficina de Barranquilla. El cobro en los barrios subnormales se hace a través de un totalizador que atiende a un número plural de usuarios. Los más lejanos del totalizador reciben una energía precaria, pero les cobran de acuerdo con lo que mide el totalizador.

HOYOtro costo es el Consumo Distribuido Comunitario, a través del cual le cobran las pérdidas de energía a todos los usuarios. También han contribuido las alzas exageradas en las tarifas, que han subido un 7% anual en los últimos cinco años (El Heraldo, 26 de septiembre 2013).

3. Subnormalidad disparada a pesar de las inversiones del Estado

Aunque con recursos del presupuesto nacional, el gobierno le ha inyectado a Electricaribe y Energía Social inmensas cantidades de recursos financieros durante años, no ha cedido la subnormalidad y por el contrario se ha incrementado.

Datos oficiales de Gas Natural Fenosa en su página web, indican los montos de las inversiones de la Nación en la energía eléctrica  de la Costa del año 2004 al 2013:

Confiabilidad del servicio:
$150.039 millones

Electrificación rural:
$70.006 millones

Normalización de redes:
$350.071 millones
TOTAL:
$586.996 millones

Sin embargo, el director comercial de electricidad de Electricaribe y Energía Social para Colombia, José Rodrigo Dajud Durán, afirmó en entrevista con el diario El Heraldo que “las zonas marginales están creciendo de manera dramática en la Región Caribe: en un seis por ciento este año (2013), que en energía equivale a 4,5 gigawatios”. Y agregó sin pudor: “Va a llegar el momento en que tendremos que apagar estos barrios. La empresa no va a soportar esta situación porque todos los meses facturamos un promedio de 25.000 millones de pesos y escasamente recibimos 2.000 millones de pesos”. Esto lo que muestra, es el fracaso de la política de privatización de un patrimonio público como las electrificadoras de la Costa Atlántica.

Tal situación no obsta para que la trasnacional obtenga buenas ganancias salidas del negocio de la energía en la Costa. El balance de Energía Social, estado de resultados a diciembre 31 de 2012, indica que obtuvo utilidad operacional por 23 mil millones de pesos y eso que, según la empresa, solo recauda el 80% de la facturación. Ello indica que hasta el hueso le está dando utilidades a la trasnacional.

4. Tecnología en contra de los usuarios

Uno de los conflictos que se está agudizando en este frente, se presenta en lo que llaman los barrios normalizados, que son aquellos en los cuales se han “normalizado” las redes a través del programa PRONE, financiado por el Estado. Allí le están colocando a los usuarios redes trenzadas de aluminio, que reemplazan a las redes de cobre (el cual es mejor conductor de energía) y les instalan lo que se llama medida centralizada digitalizada, en vez de colocar los medidores convencionales (que es lo que exigen los usuarios). Con esta medida centralizada, el medidor está a seis o siete metros de altura sin control, siendo la experiencia la que indica que se disparan los cobros de las tarifas. En Santa Marta se demostró el fraude que hizo Electricaribe con una filmación de 24 horas al medidor centralizado por parte de un usuario.

Adicionalmente, esta nueva tecnología es la indicada para el cobro prepago de la energía, el cual constituye el paso siguiente para
esquilmar los bolsillos vacíos de la población, que tendrá que dejar de comer o vestir para pagar las nuevas tarifas. Al respecto, el gobierno de Santos ya presentó un proyecto de ley de prepago de servicios públicos. No se harán de esperar las protestas ciudadanas contra tamaño desatino.

5. Incrementos desmesurados en las tarifas de la energía

Según cifras oficiales del DANE, entre los años 2008 y 2012 los precios de la energía eléctrica se incrementaron 35%, mientras el índice de precios al consumidorn (IPC) en el mismo lapso aumentó 14%, es decir, el valor de la energía incrementó más de dos veces el costo de vida. Lo anterior ha sufrido un agravamiento desde el pasado mes de junio de 2014, cuando el Gobierno Nacional le dio el visto bueno a un drástico aumento del 10,9% de un solo golpe, que se debe –según el exministro de Minas, Amilkar Acosta– al fenómeno de El Niño, el cual hizo que los costos de generación aumentaran y se cargaran a los usuarios.

Según el informe anual de 2013, Electricaribe tuvo utilidades netas entre los años 2007 y 2013 de 543.876 millones de pesos. A esta situación de altas tarifas y pésimo servicio eléctrico, de oscilaciones permanentes en el voltaje que daña electrodomésticos, de racionamientos, apagones, falta de oficinas para quejas y reclamos, hay que agregarle los desconectados de la energía, que según Betty García, gerente de la empresa en el Atlántico, llegan a los 60 mil usuarios mensuales, o sea, más de 700 mil anuales. Este punto es muy sensible por las injusticias que comete la empresa, entre otras la de cortar el servicio violando la sentencia de la Corte Constitucional T-793 de 2012, que obliga a Electricaribe a notificar al usuario los motivos de la suspensión y luego fijarse si hay niños, ancianos o discapacitados, en cuyo caso debe abstenerse de realizar dicho corte. También la empresa obtiene pingües ganancias por efecto del pago de reconexiones de los usuarios, de los más altos del país.

HOY6. Regresivo Decreto 0111 de 2012

El gobierno de Santos expidió el Decreto 0111 de 2012 para reglamentar el artículo 103 de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo) acerca de la Energía Social y el FOES, que es el Fondo oficial que transfiere los recursos a Energía Social de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión. La norma es sumamente lesiva para los miles de usuarios de escasos recursos, por las siguientes razones:

• Limita el subsidio adicional de $46 el kilovatio a favor de los usuarios hasta alcanzar el consumo de subsistencia, que es de 183 kilovatios, por encima del cual le cobran tarifas superiores.

 • Establece la medida centralizada ya comentada y el cobro prepago de la energía, que es condenar a los usuarios a las tinieblas.

• Supedita el pago de este subsidio a la disponibilidad financiera del Estado

• Ordena que las redes, postes y transformadores de los barrios subnormales tienen que ser reparados por la comunidad o el municipio, dejando en alto riesgo a los usuarios en una actividad tan delicada y peligrosa.

7. El Gobierno premia deficiencia de Electricaribe con jugoso contrato

HOYDesde el debate en la comisión V del Senado en septiembre pasado, amplios sectores sociales de la Costa le exigieron voluntad política al Gobierno Nacional para acometer un gran proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura eléctrica del Litoral Atlántico, que comprenda la salida de la subnormalidad de cerca de 500 mil familias, con plazos y fechas definidas. La administración Santos aceptó impulsar un plan parcial por unvalor cercano a los 700 millones de dólares (alrededor de 1,4 billones de pesos del presupuesto de la Nación) y en la búsqueda de un operador del mismo, optó por entregarlo a la trasnacional Electricaribe, premiando su ineficiencia y pésima calidad del servicio eléctrico. Hubo la posibilidad de que Transelca, filial de la empresa mixta ISA y con gran experiencia y conocimiento en la materia, acometiera dicho proyecto, pero sin saberse por qué el Gobierno Nacional puso los ratones a cuidar el queso, lo que ha sido rechazado rotundamente en los siete departamentos de la Costa.

8. Principales peticiones de los usuarios

Una serie de organizaciones de usuarios de los servicios públicos, entre ellas Indignados con Electricaribe, han venido impulsando la organización de los usuarios y movimientos de protesta acompañados de unas demandas interpuestas al Ministerio
de Minas y a Electricaribe, entre ellas las siguientes:

A. Condonación de las deudas infladas e impagables de los estratos 1, 2 y de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.

B. Establecimiento de un consumo mínimo vital gratuito de energía para los estratos 1, 2 y barrios subnormales y zonas de difícil gestión.

C. Rechazo a las suspensiones masivas del servicio eléctrico planteadas en documentos oficiales de Electricaribe y Energía Social.

D. Derogatoria de la Resolución N° 0111 de 2012.

E. Rechazo a la red trenzada de aluminio y a la medida centralizada digital, exigiendo la colocación de medidores convencionales en cada vivienda.

F. Cumplimiento de la Sentencia T 793 de 2012 sobre requisitos para poder suspender la energía a los usuarios.

G. Exigir al Gobierno Nacional, la voluntad política para llevarn a cabo un plan integral de mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la Costa Atlántica con recursos suficientes, así como plazos y fechas para su efectiva realización. Se trata por lo menos de normalizar efectivamente a cerca de 500.000 hogares en condiciones dignas, lo cual llevaría a que la región llegare a tener un servicio de energía por lo menos como el que tiene el interior del país.

Si la trasnacional Gas Natural Fenosa, que ha fracasado en otros países latinoamericanos, se convierte en un freno para la solución
del problema eléctrico de la Costa, como hasta ahora, las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales, juntas comunales, gremios, usuarios y ciudadanía en general tendrían que pugnar por otra salida que le sirva al desarrollo de las fuerzas productivas, base fundamental del progreso de los pueblos.

Descargar

Leave a Reply