Isagen no se vende: en defensa de lo público
José Roberto Acosta, Economista y abogado. Asesor Bursátil BVC desde hace 20 años, Profesor de la U. Nacional y CESA, Columnista de El Espectador y miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia
No obstante haberse alineado todo por parte del Gobierno para que ISAGEN quedara en manos del capital extranjero, se suspendió a último momento la subasta bursátil programada para el 22 de agosto de 2014. Deslinde
Dos frentes de resistencia se dieron en este triunfo de la defensa de lo público: el frente jurídico y el frente técnico. La insistencia y rigor de parte de su principal sindicato SINTRAISAGEN; así como de la Red de Justicia Tributaria de Colombia, terminaron convocando la oposición de más de la mitad de congresistas y de sectores informados de la sociedad, que develaron la falta de legalidad jurídica y la poca legitimidad técnica de dicha decisión autoritaria del Gobierno.
En el frente jurídico se dio el primer golpe, cuando el 16 de octubre del año 2013, se presentó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 1609 de ese año en el que el Consejo de Ministros autorizaba la venta del 57,66% de las acciones de ISAGEN pertenecientes a la Nación, pues sería violatorio del artículo 334 de nuestra Constitución Política en lo referente a la Regla Fiscal, introducida en el Acto Legislativo 3 de 2011 por el Congreso en lo que constituiría en la única reforma constitucional del primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos.
Dicha Regla Fiscal debe materializarse, según el Decreto 1473 de julio 5 de 2011, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo el cual debe ser puesto a consideración de las Comisiones Económicas del Congreso en junio de cada año en un informe detallado, el cual nunca consideró de manera específica la privatización total de ISAGEN, razón por la cual en febrero del año 2014 el propio Consejo de Estado decidió suspender la venta como medida cautelar mientras fallaba de fondo esta central controversia.
Sin embargo, en Auto del 21 de mayo de 2014, el Consejo de Estado decidió revocar las medidas cautelares del 28 de marzo anterior con base en que “…el Gobierno Nacional no está obligado a incluir, en forma específica, en este instrumento de planeación la venta de acciones de la empresa ISAGEN, y más aún que tal exigencia, dado el carácter general de dicho instrumento, no puede generar una infracción que conduzca a la suspensión provisional del acto que se estudia”. Entonces, sin haber fallado de fondo la demanda, no solo se prejuzgaba, sino que se 
desinflaba un instrumento de planeación fiscal de tan alto rigor como lo es el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dejando sin dientes la Regla Fiscal. A la fecha de este escrito no ha habido siquiera la práctica de pruebas dentro del proceso de nulidad constitucional, en cambio varios profesionales fortalecieron la demanda inicial con correcciones y coadyuvancias procesales que obligarán a un estudio más de fondo, y que de prosperar, en aras del rigor que exige un Marco de Sostenibilidad Fiscal Constitucional, hubieran implicado juicios de responsabilidad fiscal contra cada uno de los funcionarios que hubieren participado y permitido la venta de ISAGEN en caso de prosperar la nulidad del Decreto 1609 que permitía su venta.
En el frente Jurídico los argumentos del Gobierno fueron que ISAGEN no era rentable. Sin embargo, desde que en el año 2007 el Gobierno de Uribe privatizó en la Bolsa el 19.22% de ISAGEN, a un precio de $ 1.130 por acción, la empresa ha generado utilidades netas por 2.7 billones de pesos, y su precio en bolsa se ha triplicado. Es decir, que en ese periodo, este ahorro de cada colombiano se valorizó en promedio el 17% anual, sin contar con lo recibido por concepto de dividendo anual promedio, ni los impuestos que también le llegan al Estado. ¿Ha sido rentable o no?
De otro lado, otro argumento del Gobierno era que los recursos recaudados por la privatización se orientarían para la construcción de las vías mediante las concesiones de cuarta generación (4G), sin embargo, estaba probado que, una vez que el Gobierno, en representación de sus nacionales, recibiera los cerca de cinco billones de pesos que pagaría un extranjero para quedarse con una de las más importantes generadoras de energía limpia del país, los trasladaría a un Fondo Especial administrado por Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para que los preste a concesionarios privados mediante créditos con plazo a veinte años y ocho años de gracia.
Pareciera que el triste mecanismo de subsidios visto con Agro Ingreso Seguro se iba a repetir con el dinero proveniente de la inconveniente venta de ISAGEN, pero no como regalo a “familias” del sector agropecuario, sino a los consorcios privados que construirán la infraestructura mediante concesiones de cuarta generación.
Increíble, “(…) lo que se busca es que el día de mañana, cuando el consorcio decida salir a refinanciar sus créditos con la banca, ya tenga un producto que esté calificado, socializado y con una estructura que el gobierno está regalando como un bien público”, según palabras textuales del Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en entrevista en la última revista de la ANIF.
En esta línea argumentativa, el Gobierno presentaba a los opositores a la venta de ISAGEN como enemigos de la construcción de infraestructura vial de 4G, pero dicha falacia se caía por su propio peso por la existencia de alternativas para financiar a la FDN. Si es tan cierto que las necesarias vías de cuarta generación generarán rendimientos del 13% anual, ¿Por qué no endeudarse en los mercados de capitales internos o externos con tasas del 6% para apalancar dichas obras? Alternativas distintas a la venta de ISAGEN es lo que ofrecen los mercados.
En efecto, la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) es el camino para asegurar recursos que potencialicen los cierres financieros requeridos por cada concesionario. Esta capitalización se podría adelantar mediante un aporte en especie del Fondo de Garantías Financieras (FOGAFIN), representado en Bonos de dicha entidad, los cuales podrían ser objeto de operaciones de préstamo de última instancia (REPO) ante el Banco de la República, tal y como se llevó a cabo en plena crisis financiera a finales de los años noventa, cuando mediante esta misma figura se les prestó a banqueros privados los dineros requeridos para capitalizar cada una de sus entidades. El destino que se tenía para los recursos provenientes de ISAGEN era la constitución de un Fondo Especial administrado por la FDN, pero que no harían parte de su patrimonio técnico, mientras que una capitalización directa a este importante banco de desarrollo, generaría un efecto multiplicador mayor sobre su capacidad de crédito a terceros, de conformidad con los exigentes requisitos de Basilea III. Con esta opción la FDN podría emitir más bonos sénior y menos bonos subordinados, apetecidos por el mercado de capitales nacional e internacional.
Además, de no ser la primera vez que se utiliza a FOGAFIN para capitalizar una entidad financiera, esta alternativa no vulneraría la Regla Fiscal que apenas existe desde el año 2011, como si lo haría la emisión de deuda interna o externa. Y lo más importante, se mantendría en manos de los colombianos el preciado flujo de caja recurrente y cuantioso que generará ISAGEN por un plazo muchísimo mayor al plazo de una emisión de bonos FOGAFIN, para que Yepes y sus hijos vean crecer su ahorro en activos públicos eficientes.
Decir que se estaba cambiando un activo de la Nación por otro más productivo no es claro, pues si ISAGEN se mantiene en manos de los colombianos, en solo dividendos se recibirán en los próximos ocho años más de un billón de pesos en efectivo, mientras que si se vende y se pasan esos recursos para financiar a los concesionarios privados de 4G no recibiremos nada en ese mismo periodo, con el riesgo de que en ocho años, lo prestado termine embolatado.
Las privatizaciones no pueden ser un cajero automático del Gobierno para solventar un desbordado e insostenible gasto público. Se evitó por el plazo de un año esta escandalosa expropiación de lo público en beneficio de intereses privados, pero la lucha sigue por demostrar que con argumentos y confrontación de altura y rigor jurídico y técnico, les será cada vez más difícil socializar pérdidas para privatizar utilidades.
