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Mercado y vivienda social en Colombia

Adriana Parias Durán PhD Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos. PhD en Urbanismo, Universidad de París XII, Instituto de Urbanismo de París. adrianaparias@gmail.com

Introducción

Durante las dos últimas décadas la política de vivienda en Colombia se ha regido por los principios de la economía neoclásica, que constituyen el fundamento de toda política económica neoliberal. Esta perspectiva atribuye al mercado la pretendida capacidad de atender de la manera más eficiente, productiva y racional que el Estado, las necesidades de vivienda de la población y sostiene que este debe subordinar las políticas públicas a la mano invisible del mercado. Sin embargo, lo que se evidencia en estos veinte años de política volcada hacia el mercado, es su incapacidad para solucionar los enormes problemas habitacionales de los sectores populares mientras se beneficia a los grandes constructores y promotores capitalistas privados. El artículo examina estos dos aspectoshaciendo énfasis en la política de vivienda del gobierno actual, cuyas acciones perpetúan los graves problemas de carácter estructural que se presentan en materia de vivienda en el país.

Los gobiernos de Colombia, desde la administración de Misael Pastrana (1970 – 1974) han formulado sus políticas de vivienda bajo la consideración de que es posible alcanzar el doble objetivo de paliar el déficit habitacional de los sectores más pobres con el impulso a la industria de la construcción como motor del desarrollo económico, dos objetivos que no siempre son compatibles2.

En materia de política social, desde la década de 1950 dos entidades estatales, el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario (BCH) se encargaban de la producción y financiación de vivienda popular. El ICT especializado en la vivienda de los más pobres, trabajaba con capital desvalorizado del Estado, el motor de su producción no era la ganancia como en el sector capitalista, sin embargo debía reponer el capital para seguir operando (Jaramillo, 1981).Bajo este esquema y comprando suelo a elevados precios en el mercado, las soluciones habitacionales que ofrecía el ICT resultaban impagables para una elevada proporción de familias pobres, lo que explica por qué, buena parte de los sectores populares en el país accedían a la vivienda a través de la autoconstrucción; entre 1973 y 1985 el 34% de la viviendas producidas en Bogotá fueron de autoconstrucción ilegal (Jaramillo, 1994).

Re1En 1991 el gobierno de César Gaviria introdujo con todo vigor la política neoliberal de vivienda, cuyo desarrollo a lo largo de las pasadas dos décadas se comenta a continuación en dos secciones. La primera aborda el periodo que va desde su implementación hasta la culminación del segundo gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. Estos primeros lustros de neoliberalismo en materia de vivienda, demuestran que la sustitución de la participación directa del Estado por el mercado en la producción y financiación de vivienda social, equivale a reducir con respecto a la época del ICT la atención de las necesidades habitacionales de los pobres del país. La segunda sección se centra en el análisis del primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, periodo que corresponde a un continuismo de la política neoliberal, con la introducción de medidas paliativas como el Programa de Vivienda Gratuita, puesto en marcha, en menor medida para solucionar los graves problemas habitacionales a lo largo y ancho del territorio nacional y en mayor medida para apalancar la campaña reeleccionista y favorecer la promoción capitalista privada.

Primera etapa de la política neoliberal de vivienda

En 1991 se dio un viraje crucial en la política de vivienda cuyo componente más importante consistió en retirar definitivamente la responsabilidad del Estado de la producción y financiación de vivienda. En el gobierno de César Gaviria se introdujo con mayor fuerza el modelo neoliberal implementado por Pinochet en Chile. La Ley 003 del mismo año creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y liquidó el ICT, que pasó a ser el Instituto Nacional de la Vivienda Social y la Reforma Urbana, INURBE, instituto al que se le suspendió la contratación para construcción de vivienda, la compra de terrenos y el otorgamiento de préstamos hipotecarios individuales. El grueso de las funciones de promoción de vivienda, asignación y administración de préstamos se confirió entonces a agentes privados con la pretensión de que los promotores y productores capitalistas de vivienda
se encargaran del conjunto de operaciones en este sector. Para justificar la privatización se argumentó que gran parte de los recursos que se destinaban a la vivienda social, se perdían en el camino por el carácter público del ICT puesto que operaba con errores técnicos, ineficiencia, corrupción y politiquería (ICT, 1995).

La implementación de la política neoliberal consistió en entregar la producción y financiación de la vivienda social al sector privado y establecer el subsidio familiar de vivienda a la demanda, otorgado por el Estado para que los sectores pobres pudieran acceder a la vivienda en el mercado capitalista privado. En ese contexto, se encargó al INURBE tanto de la asignación y administración del sistema de subsidios como de la selección de los productores privados de vivienda social. Y dado que en este segmento del mercado, las ganancias se alcanzan más por volumen que por precio, se introdujeron nuevas técnicas de construcción, se redujo al máximo el tamaño de las viviendas y se buscaron terrenos baratos en los extramuros de las ciudades para obtener el margen de ganancias esperado (Cuervo y Jaramillo, 2010).

En relación a la demanda, se estableció que las familias deben realizar un aporte que oscila alrededor del 10% del precio de la vivienda mediante un ahorro programado mientras que el monto del subsidio corresponde al 40% del precio y el 50% restante, la familia lo debe adquirir en la banca comercial mediante un préstamo hipotecario a quince años. El subsidio se basó en el principio liberal de la focalización, de tal manera que el monto del subsidio varía de manera inversa al ingreso de las familias y se definieron dos tipos de viviendas sociales en función de su precio, la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) de rango inferior de precio y la Vivienda de Interés Social (VIS) de mayor rango de precio3.  Para apoyar las estrategias gubernamentales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) se articularon al sistema de vivienda, se estableció que otorgaran el subsidio familiar de vivienda a sus afiliados y actuaran como promotoras de vivienda de interés social dentro de los lineamientos de la nueva política.

Sin embargo, en la práctica la incursión del sector capitalista en el mercado popular de la vivienda presenta una paradoja que se convierte en una barrera estructural para el acceso al sistema de vivienda social: las familias deben demostrar ser muy pobres para acceder al subsidio y simultáneamente deben demostrar tener recursos y solvencia suficientes para cumplir con los compromisos con el sector financiero. La banca privada tiene como requisito para la selección de sus clientes la estabilidad de sus ingresos, condición que no cumplen los trabajadores del sector informal, lo que significa que alrededor del 60% de los trabajadores del país no califican para acceder al préstamo bancario.

Por su parte, las familias también realizan cálculos a la hora de decidir en dónde quieren vivir y por cuál tipo de vivienda prefieren optar. En un estudio que realizamos en barrios de origen informal en Bogotá, se encontró que las familias que allí habitan no están dispuestas a comprometerse con las condiciones que imponen los bancos privados y prefieren mantener las relaciones socio-económicas interpersonales más flexibles que predominan en estos barrios. Así mismo, acceder a la vivienda en los barrios de origen informal permite que el inmueble sea utilizado como valor de uso, en tanto satisfacción de las necesidades habitacionales, al mismo tiempo que adquiere un valor de cambio puesto que en las viviendas de construcción progresiva es posible construir pisos para alquiler de vivienda o locales, lo que genera un ingreso complementario a sus propietarios (Parias, 2010).

Re1De manera similar, los constructores tienen las cuentas claras: sus ofertas no pueden estar dirigidas a familias que reciben ingresos inferiores a los 2 SMMLV4, grupo que constituye la mayor parte de los arrendatarios en los barrios de origen informal. Esto explica el hecho que la producción de vivienda VIP sea muy baja en el país y que el sistema de la vivienda social no cobije al sector que debería constituir su objetivo principal: las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza. Cálcelos para Bogotá muestra que entre 1993 y 2005, es decir el periodo de plena expansión de la política neoliberal, la autoconstrucción ilegal produjo el 44% de las viviendas, lo que significa un incremento del 10% con respecto al periodo intercensal anterior (Cuervo & Jaramillo, 2010).

El comportamiento de la asignación de subsidios y de la construcción de viviendas de interés social, hacen evidente la inclinación de la política del subsidio a favor del objetivo económico sobre el objetivo social, que en principio sería la solución de vivienda a los sectores que más la necesitan. Entre 1997 y 2001, la construcción de vivienda VIS ayudó a paliar la crisis del sector inmobiliario y financiero producida por el descenso en la producción de vivienda para las familias de ingresos altos. Así, entre 1993 y 1996 se produjeron en Bogotá anualmente en promedio 9.800 VIS, la mayoría en el rango superior de esta clasificación y la producción anual de vivienda sin subsidio fue de 24.671 unidades en promedio. Entre 1997 y 2001, la producción de no VIS cayó a 7.918 en promedio anual y la de vivienda VIS ascendió a 15.494 viviendas anuales. (Cuervo & Jaramillo, 2010). Paradójicamente, en este período los subsidios familiares de vivienda no se incrementaron pues los recursos fiscales del gobierno estaban comprometidos en rescatar la banca hipotecaria.

A lo largo de las dos primeras décadas de operación de la política neoliberal de vivienda volcada hacia el mercado, los resultados en términos sociales distan mucho de haber brindado una solución al problema habitacional en el país. Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2011 el déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) en Colombia era de 4,6 millones de hogares en dicha situación, de los 12,8 millones de hogares en el país, lo que significa que el déficit afectaba al 36% de las familias colombianas. Esta situación se perpetuó en el primer gobierno del presidente Santos.

Santos I: Profundizaciónde la política neoliberal de vivienda

Como lo señala el documento diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, sólo el 47,5% de los hogares en el país tendría acceso a crédito. El 5,25% los conforman una población no bancarizable por encontrarse por debajo de la línea de pobreza (2,6 millones de hogares) y por debajo de línea de pobreza extrema (1,2 millones de hogares). Así mismo, sólo los hogares con ingresos superiores a 4 SMMLV tendrían capacidad de ahorro según la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE 2009. Esto se traduce, en que el 65% de los hogares del país están excluidos del mercado capitalista y tienen que recurrir al mercado informal para acceder a una solución precaria de vivienda.

Se concluye en el estudio oficial que se requiere mejorar los niveles de producción de vivienda formal, para que llegue a los segmentos más pobres y vulnerables, a la vez que se contribuye al crecimiento económico. Sin embargo, la política de vivienda del gobierno del Presidente Santos, no introdujo cambios estructurales a la política neoliberal del subsidio familiar de vivienda, solo hizo una reingeniería en sus instrumentos.

En el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos, una de las cinco locomotoras para el desarrollo del país es la vivienda. En él se pretende, como en el pasado, que la construcción sea un sector líder de la economía y se fija como meta la construcción de un millón de viviendas durante el cuatrienio, a razón de 250.000 por año, que corresponde a un incremento en la construcción capitalista privada de vivienda superior al 50% de lo que se alcanzó en el 2007, año de mayor construcción de viviendas (140.000 viviendas) del sector privado durante el gobierno de Álvaro Uribe. La meta, aunque parece ambiciosa, está definida apenas para atender la formación de nuevos hogares en los centros urbanos, que se estimaba en el 2010 en 250.000 hogares al año. Por tanto, lo que desde un primer momento pretendía la locomotora de la vivienda durante el primer cuatrienio de Juan Manuel Santos era tratar de evitar el aumento del déficit habitacional durante ese periodo de gobierno.

Por otra parte, Santos revivió el marco legal de los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), una controvertida figura creada en el segundo gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) mediante la Ley 1151 de 2007, según la cual “Los Macroproyectos de Interés Social Nacional son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de gran escala que contribuya al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos, áreas metropolitanas o regiones del país”.

Re1Con esta figura el Gobierno Nacional, se otorga injerencia en los asuntos que la Ley 388 de 1997 confiere a los municipios y distritos, como lo confirma la Sentencia C-149/10 de la Corte Constitucional, ya que puede modificar las normas urbanísticas previstas en los POT para asegurar la viabilidad de la operación que se adopta con el Macroproyecto. Así mismo, el Gobierno Nacional queda habilitado para reglamentar las condiciones mínimas de área y suelo útil destinado a VIP y VIS que deban cumplir los Macroproyectos.

Se definen dos tipos de Macroproyectos, los que se desarrollan en suelo urbano de tratamiento de desarrollo o de renovación urbana y los que se ejecutan en suelo de expansión urbana o suelo rural. En los dos casos los proyectos deben incluir una proporción de VIS y de VIP, en cuya ejecución y adjudicación participa el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) mediante la política de subsidio familiar de vivienda y otras medidas que se presentan más adelante.

En la primera modalidad, se han desarrollado macroproyectos que, mediante la expropiación, generan una expulsión masiva de sectores populares que habitaban en zonas centrales, objeto de la intervención. Es el caso del Macroproyecto de renovación San José en Manizales, estudiado en detalle por el Senador Jorge Enrique Robledo quien argumenta que la expulsiónde los habitantes originalmente asentados en el área del macroproyecto, se explica en buena parte porque el valor máximo de la Vivienda de Interés Social de los proyectos de renovación urbana se fija en 175 SMMLV, monto superior al establecido por ley ya que para este rango que es de 135 SMMLV, precio impagable para este segmento de la población.

La mayor parte de los proyectos de gran escala se formulan bajo la modalidad de macroproyectos de expansión, con graves repercusiones para las familias que los habitan y para los municipios. Los proyectos se localizan en lejanas periferias de las ciudades, lo que implica largos trayectos de desplazamiento; las viviendas son de mala calidad, la mayoría en edificios multifamiliares, que llegan a conformar guetos donde se presentan conflictos de convivencia y situaciones de violencia; en estos proyectos se rezagan y muchas veces no se completan las obras de urbanismo, de infraestructura vial, la extensión de redes de servicios públicos y el transporte.

Un caso con graves problemas en este sentido, es el Macroproyecto Ciudad Verde en ejecución en el municipio de Soacha, donde la mayor parte de las familias que han comprado provienen y realizan sus actividades en Bogotá. Sin haberse terminado aún la construcción, la administración y los habitantes de Soacha expresan de manera reiterada su preocupación por el agravamiento de los problemas de movilidad, escasez de servicios de acueducto y alcantarillado y falta de equipamientos colectivos. Adicional a esto, los precios de las viviendas en los proyectos en venta hoy oscilan entre un millón doscientos mil pesos y un millón seiscientos mil pesos con un tamaño promedio de las viviendas de 40,6 mt2 y solo hay en venta un proyecto de vivienda de interés prioritaria (Ciudad Verde, 2014). En buena medida, los elevados precios por mt2 de las viviendas en este Macroproyecto, situado en la zona rural del municipio de Soacha, obedece a los enormes incrementos de los precios del suelo que se multiplicaron por más de 10 de su precio original como suelo rural.

Así, los macroproyectos no solo favorecen a los especuladores del suelo con incrementos exorbitantes de los precios del suelo, y a los grandes promotores y constructores, a quienes se les relajan las obligaciones y cargas, y se les crean las condiciones para desarrollar proyectos de gran escala con altas tasas de ganancia; sino que generan enormes inconvenientes para las ciudades y para las sectores populares que acceden a estas soluciones de vivienda. En países como Chile, México y Brasil se constata que las grandes urbanizaciones de vivienda social de baja calidad y reducido tamaño en las superperiferias de las ciudades, generan guetos de pobreza, conflicto y violencia, profundizan la segregación socio espacial y las desigualdades sociales (Abramo, 2010, Sabatini, 2005). En estas ciudades se presenta un retorno masivo de familias a los barrios de origen informal de donde habían salido.

Al finalizar el gobierno de Uribe, el MVDT, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, había impulsado el trámite de 16 macroproyectos, de los cuales se adoptaron 10 en Barranquilla, Cartagena, Neiva, Manizales, Pereira, Cali, Medellín y Soacha que continuaron desarrollándose en el gobierno Santos para cumplir con la meta del millón de viviendas.

Otro componente de la política de vivienda, de la primera administración Santos, es la reingeniería en los instrumentos de política de subsidios familiares de vivienda, con el fin de intentar garantizar compradores para la creciente oferta esperada de VIS y VIP que se introdujo con la Ley 1469 de 2011. Esta ley, incrementa la cantidad de subsidios de vivienda del Fondo Nacional de Vivienda para las familias con ingresos inferiores a 4 SMMLV, establece varias medidas con el objetivo de incentivar el ahorro y el crédito como la creación de una línea de crédito hipotecario para trabajadores del sector informal en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) denominado ahorro voluntario contractual. En la medida en que los ingresos de los trabajadores vinculados el sector informal son inestables, no se puede esperar que se inscriban en la lógica del ahorro fijo mensual. Cabe mencionar nuestro estudio sobre los circuitos monetarios en la economía informal, en el que constatamos que estos se basan en relaciones mercantiles interpersonales flexibles para la cancelación de los compromisos de pagos de préstamos, compras y arriendos, que no corresponden a la lógica de las relaciones capitalistas de producción y circulación. En esta medida, las familias son esquivas a someterse a las reglas y compromisos financieros y contractuales que se establecen en los mercados capitalistas (Parias&Abramo, 2009).

La primera administración Santos, promovió también el leasing habitacional. Con este mecanismo, que no requiere de ahorro previo ni de cuota inicial, se pretende que las familias que tienen dificultades para cumplir con los requisitos para el acceso a la propiedad de una VIS o VIP, tengan la posibilidad de permanecer en arriendo mientras completan el ahorro. Es un contrato mediante el cual el banco o compañía de financiamiento comercial entrega al arrendatario la tenencia de la vivienda por un canon periódico, al vencimiento del contrato, la vivienda puede ser comprada por el usuario o de lo contrario la vivienda se restituye a la entidad. Para estimular el leasing habitacional, seestableció el subsidio familiar de vivienda para familias que tengan suscrito un contrato de este tipo. La eficacia en términos sociales de esta medida está por ser evaluada, sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, es muy poco probable un éxito en este terreno. De hecho, mientras es claro que estas medidas favorecen al sector financiero mediante la creación de un nicho de mercado para grupos de ingresos medios, se ha podido constatar que el arrendamiento de vivienda en los barrios de origen informal no pierde dinamismo con lo cual, a diario, se agrava el hacinamiento y se demuestra la ineficiencia de este instrumento para los sectores populares.

Otra medida que tomó el gobierno consiste en anticipar recursos del subsidio familiar de vivienda como flujo de caja de los macroproyectos, lo que constituye en realidad un gran subsidio a los constructores. Los subsidios se destinan a comprar de manera anticipada una cantidad de cupos en los macroproyectos para financiar obras de urbanismo y la edificación. Ejemplo de esto es el macroproyecto Santa Elenaen Cali, donde se depositaron de manera anticipada veinticinco mil millones de pesos en un proyecto de 5.000 viviendas. Sin embargo, planes como este no han resultado suficientes para alcanzar el ritmo de crecimiento de la demanda en el mercado VIS y VIP prometido por la locomotora de la vivienda. En realidad el mercado más dinámico fue el no VIS, el sistema de subsidio familiar de vivienda continuó su comportamiento del pasado, en el sentido que se asignan los subsidios pero no se ejecutan.

Viviendas “gratis” como estrategia reeleccionista

 En este escenario, en el 2012 se dictó la Ley 1537, que creó el Programa de Vivienda Gratuita que prometía entregar 100.000 viviendas de interés prioritario, a título de subsidio en especie. El incremento del presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda del año anterior, no se había ejecutado en subsidio familiar de vivienda, de tal manera que se contaba con esos recursos y con recursos adicionales para realizar una inversión de 4,2 billones de pesos en la compra de las 100.000 viviendas destinadas a un segmento de la población vulnerable. El problema principal reside en que otras 3,7 millones de familias pobres están excluidas del sistema de vivienda social vigente, de tal manera que así se cumpliera con la entrega de las 100.000 viviendas gratis, el programa no dejaría de ser, en el mejor de los casos, una medida paliativa de menor alcance para sufragar el enorme déficit de vivienda existente en Colombia. Esta realidad, hizo evidente que el programa se lanzó en primer lugar con objetivos electorales. En efecto, el programa no está inscrito en el Plan de Desarrollo y fue puesto en marcha por el recién posesionado Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, quien luego se convirtió en la fórmula vicepresidencial del hoy reelegido presidente Juan Manuel Santos.

GUSOtro objetivo, igualmente estratégico, de las viviendas gratis es continuar favoreciendo a los grandes constructores y al capital financiero. La adjudicación de los contratos para la construcción de las viviendas gratis se realiza por subasta y la mayoría de los proyectos los han ganado las grandes constructoras. Los terrenos deben ser aportados por el municipio o hacer parte de los terrenos de los MISN. Según el Departamento Nacional de Planeación, a la fecha se han construido 62.077 unidades del programa de vivienda gratis asignadas a 56.159 familias en 226 municipios del país. Sin embargo, el Senador Jorge Enrique Robledo con base en cifras obtenidas del Ministerio de Vivienda ha constatado que: “Las cifras confirman que Santos y Vargas no cumplieron con sus promesas sobre viviendas gratuitas. De acuerdo con el Ministro, a 31 de diciembre de 2013, solo entregaron 6.969, si se contabilizan las que el ministro llama “habitadas”, el 7% de la promesa, o 12.197, si se cuentan las que define como “escrituradas”. Y el balance al 21 de abril de 2014 también es muy malo: las entregadas (habitadas) van en 11.701 y las escrituradas, en 22.868” (Robledo, 2014).

El examen de la política de vivienda social del Presidente Santos durante su primer mandato, revela que lo único nuevo en esta materia fue el lanzamiento del programa de vivienda gratis adoptado como preámbulo a la campaña electoral. Sin embargo, en sus componentes esenciales, se mantuvieron los principios y lineamientos de la política neoliberal inaugurada durante el gobierno de César Gaviria en 1991. Los resultados a lo largo de casi 25 años de implementación de esta política, no corresponden a lasupuesta eficiencia del sector capitalista de la producción de vivienda y del mercado, para atender a los sectores deprimidos de la sociedad. Si algo se puede concluir, es que la política de vivienda en Colombia está lejos de contribuir a reducir las enormes desigualdades sociales y de garantizar un hábitat digno a los millones de hogares, que hoy o lo tienen y que se multiplican. Factores de orden estructural de la organización socioeconómica convergen para determinar el fracaso de la política sectorial de vivienda, el cuello de botella para que los pobres y los empobrecidos -debido a la flexibilización del régimen laboral que hace parte de la política global neoliberal- no puedan obtener el cierre financiero, está asociado precisamente a la precariedad de sus recursos derivados de bajos salarios. También encontramos factores de orden estructural relacionados con los precios, tamaño y localización de las viviendas que ofrecen los constructores privados para obtener el margen de rentabilidad esperado, que hace que resulte más conveniente para las familias acceder a una vivienda en el mercado informal.

Es indispensable revaluar el modelo neoliberal en relación a la política de producción capitalista y circulación por el mercado de la vivienda social, y también en términos de la implementación de instrumentos de intervención del mercado del suelo, que controlen los precios y hagan viable para los pobres el acceso a localizaciones no marginadas. Se requiere también entender las lógicas y estrategias residenciales de los pobres, las soluciones que hoy brinda el mercado no responden a sus necesidades y preferencias.Así mismo, es necesario que la política sectorial de vivienda se formule de manera articulada con otras políticas sociales y económicas, capaces de hacer frente al conjunto de desigualdades sociales interdependientes que hoy afrontan vastos sectores de la población de las ciudades en Colombia.

Leyes

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA.Ley 1151 de 24 de julio de
2007.Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2006-2010.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA. Ley 1469 de 2011. Por la cual
se adoptan medidas para promover la
oferta de suelo urbanizable y se adoptan
otras disposiciones para promover el
acceso a la vivienda.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA. Ley 1537 de 2012. Por la cual
se dictan normas tendientes a facilitar
y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.
Sentencia C-149/10.

Bibliografía

Abramo, Pedro (2010) Mercado informal de alquiler: nueva puerta
de acceso a los asentamientos informales, en: Escallón Clemencia
(comp.), “Arrendamiento y vivienda popular en Colombia como
alternativa habitacional” Universidad de Los Andes y Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., Bogotá.
Cuervo, Nicolás yJaramillo, Samuel (2010) Dos décadas de política de
vivienda en Bogotá, en: Jaramillo, Samuel (Ed.), “Bogotá en el cambio
de siglo: promesas y realidades”. OLACCHI, Quito.
http://www.ciudadverde.com.co/proyectos/proyectosenventa/
buscador_busqueda=&agregar=tipovivenda.2. Consulta realizada el
2 de agosto de 2014.
Departamento Nacional de Planeación (DNP), “Política
Nacional de Vivienda”. En: https://www.dnp.gov.co/
Programas/ViviendaAguayDesarrolloUrbano/Vivienda/
Pol%C3%ADticaNacionaldeVivienda.aspx. Fecha de consulta: 3 de
julio de 2014.
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010. Prosperidad para todos.
Redacción de El País (2012). Vivienda gratis para los pobres, un
plan entre riesgos y muchas incógnitas. Miércoles 25 abril 2012.
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/vivienda-gratispara-
pobres-plan-entre-riesgos-y-muchas-incognitas-0
Jaramillo, Samuel (1981) “Producción e vivienda y Capitalismo
Dependiente. El caso de Bogotá”. Universidad de Los Andes,
Bogotá.

Jaramillo, Samuel (2009) “Hacia una teoría de la renta del suelo
urbano”. Universidad de Los Andes, Bogotá.
Parias, Adriana y Abramo, Pedro (2009). El mercado informal de
suelo en los barrios populares de Bogotá: claves para entender
el crecimiento de la metrópolis. En: Abramo, Pedro (cord.).
“Favela e mercado informal: a nova porta de entrada dos pobres
nascidaides brasileiras”. Coleçao Habitare, Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional IPPUR e Programa de Tecnología
de Habitaçao, Río de Janeiro.
Parias, Adriana (2010). Mercado informal de vivienda en alquiler y
estrategias residenciales de los sectores populares en Bogotá. En:
Jaramillo, Samuel (Ed.), “Bogotá en el cambio de siglo: promesas y
realidades”. OLACCHI, Quito.
Robledo, Jorge Enrique (2009). El macroproyecto San José en
Manizales. Ponencia, VIII Seminario de Investigación Urbano Regional,
ACIUR, Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas, 28, 29 y
30 de septiembre Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Robledo, Jorge Enrique (2014). De las 100 mil viviendas gratis que
prometieron Santos y Vargas a 2013, apenas entregaron entre
6.969 y 12.197. Boletín de prensa. 6 de mayo 2014. http://www.
moir.org.co/IMG/pdf/BP_SANTOS_NO_CUMPLIO_PROMESAS_DE_
VIVIENDA_MAY-06-2014_1_.pdf
Viceministerio de Vivienda, Programa de 100.000 viviendas gratis
en: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-devivienda/
programas/100-mil-viviendas-gratis fecha de consulta, 6
dejulio de 2014.

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