Editorial: La corrupción y el modelo económico
Enrique A. Daza G.
Director Deslinde
Ninguna persona o sector político del país dice: ¡que viva la corrupción! A quien quiera que se le pregunte se muestra indignado, exige sanciones ejemplares, investigaciones exhaustivas y que la justicia se aplique con todo rigor.
Por ello es tan difícil establecer una línea divisoria en este tema. Salvo los implicados, los que confiesan, los que se vuelven parte de los procesos por delatar a sus cómplices y ganar beneficios judiciales, todos los demás, hasta que se les pruebe su vinculación, se muestran escandalizados y declaran su inocencia. Parece un guión preparado cuidadosamente.
La otra táctica para eludir las acusaciones, es diluir el tema, involucrar a más personas y a todos los aspectos de las situaciones, dilatar los procesos hasta que pase la indignación en la opinión pública, y considerar que la corrupción es igual en todas partes, que es una especie de enfermedad nacional y que nadie se salva de ella, en todas las regiones y niveles. La norma de oro es que hasta que no se pruebe ante los estrados judiciales la culpabilidad, debe primar la presunción de inocencia.
En los últimos meses se han destapado innumerables casos: está claro que se perdieron billones de pesos en la construcción de infraestructura, la administración de recursos de la salud, y en contrataciones de diversa índole. Aparecen nombres como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, Banco Agrario, Bioenergy, Electricaribe, Navelena, la Ruta del Sol II y el túnel de la línea, el acueducto de Santa Marta, el robo de la Guajira. Sería largo enumerar todos los casos. Está también claro que estos hechos recientes sucedieron durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, por lo menos los más grandes y más escandalosos. También está claro que en ellos están involucrados altísimos funcionarios de los respectivos gobiernos y que se cometieron en asocio con empresas privadas nacionales y extranjeras. Una muy buena parte de estos casos proviene de prácticas del sector privado al cual se han trasladado ingentes recursos con el argumento de que este si era eficiente en contraste con el Estado.
Los últimos gobiernos son cuidadosos en reivindicar como acción suya hasta la salida del Sol, la consecución de nuevas ventas en el exterior, o el alza imprevisible e incontrolada de los precios de algunas materias primas; pero cuando se trata de robos, miran a otro lado y sin excepción ninguno asume la responsabilidad política.
Pero los que han gobernado son responsables políticamente del desencadenamiento de mecanismos y procesos que facilitan o estimulan la corrupción, el fomento como supremo valor de la ley de la selva, la ganancia y el lucro, el predominio del sálvese quien pueda y el ensalzamiento de las virtudes de la búsqueda del dinero fácil. Sumado todo lo anterior, a la costumbre de utilizar el aparato del Estado, la política y las elecciones como fuente de enriquecimiento y mecanismo de perpetuación de un sistema polí- tico, intrínsecamente corrupto en el cual reina la impunidad a todos los niveles.
El sistema económico está diseñado para esto: el sector financiero ganó 13,5 billones de pesos; la mayor parte de la contratación de grandes obras públicas está concentrada en tres o cuatro contratistas; una sola persona posee el 30% de los activos financieros; los últimos gobiernos aceptaron un mecanismo de solución de controversias con las multinacionales que conducirá a pérdidas que se cuentan en miles de millones de dólares, y 37 empresas con domicilio en Colombia tienen operación en Panamá y las Bahamas, desde donde realizan operaciones comerciales, financieras y evaden impuestos sin que haya ninguna investigación al respecto.
Si a eso le sumamos las numerosas demandas que pierde el Estado por irresponsabilidad de sus funcionarios o por actuaciones dolosas, los privilegios que se le otorgan a las grandísimas empresas, la tolerancia con la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, la suma de la corrupción según algunos analistas, inclusive de órganos de control del gobierno, se calcula en cincuenta billones de pesos.
La espera para que los organismos judiciales y de control lleguen al fondo de las investigaciones y sancionen a los responsables, puede demorar décadas. La única solución es política: no reelegir a los mismos con las mismas, castigar en las urnas a los responsables de todo este entramado y derrotar la corrupción y al modelo económico que la propicia.
