EDITORIAL: Santos: ¿su segundo gobierno será como el primero, o peor?
Enrique A. Daza G. / Director Deslinde
Nada ilustra mejor el enfoque y la orientación del segundo mandato de Juan Manuel Santos que el nombramiento de Néstor Humberto Martínez Neira como superministro, con funciones que incluso superan las del Vicepresidente y las del Ministro del Interior, pues tiene que coordinar el equipo de gobierno, atender la agenda legislativa y entenderse con los partidos políticos. Martínez es hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo y entre sus clientes además de las empresas de Sarmiento, tiene las del Grupo Santodomingo, Ardila Lule, Pacific Rubiales, el Cerrejón, Chevron, Goldman Sachs y más de una docena de los más grandes grupos económicos colombianos y extranjeros. Su bufete ha estado ligado a demandas de compañías extranjeras contra la nación, a la defensa de gigantescos latifundios mediante la apropiación de baldíos en la altillanura, a la asesoría a transnacionales de minería a gran escala y a otros grandes negocios.
La orientación gubernamental también es evidente en la obsesión por extranjerizar a ISAGEN, la tercera generadora de energía eléctrica del país. Proceso que fue impedido por la acción conjunta de numerosos sectores con un papel destacado por parte de la Red de Justicia Tributaria y Sintraisagen. Después de aplazada la privatización que buscaba generar fondos para financiar a las empresas que participarían en la construcción de las llamadas carreteras de cuarta generación, el gobierno ha tenido que reconocer que ISAGEN es una gran empresa y que sus inversiones en curso aumentarán su valor, lo que significaque se iba a ceder la soberanía energética en beneficio del capital extranjero para otorgar préstamos subsidiados a grandes grupos de constructores privados.
El nuevo cuatrienio de Santos parece que será peor que el anterior. No ha anunciado ninguna rectificación en sus proyectos: se continuarán negociando TLC y aplicando los que ya se firmaron, con sus consecuencias en el debilitamiento de la producción nacional y apertura a los productos extranjeros; la crisis de la salud se abordará con la permanencia de las EPS que tanto daño han causado; se buscará afianzar el modelo de grandes plantaciones; seguramente habrá nuevos impuestos para las capas medias; no habrá boom minero para aparentar prosperidad en la economía; el pequeño comercio continuará siendo arrinconado por los monopolios y las grandes superficies; seguirá la gran minería multinacional y el arrasamiento de la pequeña minería artesanal; aumentarán los impuestos indirectos con el incremento del IVA y el empleo productivo y de buena calidad seguirá siendo reemplazado por el trabajo temporal, tercerizado y por la informalidad, pasando por alto que la Asamblea Anual de la OIT incluyó a Colombia en la lista de los 25 países que violan las normas laborales.
Será peor, porque la continuidad de estas políticas se intentará ocultar con frases y propaganda sobre la importancia de la paz, la educación y la búsqueda de la equidad. En nombre de una Tercera Vía, que no existe, se está intentando meter a Colombia en la OCDE, la OTAN y el Tratado Transpacífico que agrupan política y militarmente a los defensores más estrictos de las políticas neoliberales y de la agresión de
Estados Unidos. De hecho la educación durante el pasado gobierno salió muy mal librada, aumentando el déficit en las universidades públicas. En cuanto a la equidad, en 2012 Colombia tenía un coeficiente Gini de 0,539 (entre más alto sea, más desigual será
el país). Colombia se ubica en el puesto 148 en una muestra de 160 países, lo cual significa que no hay sino doce países más desiguales
que el nuestro. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, calculado por las Naciones Unidas en 2013, Colombia se ubicó en el puesto 98 con el mismo índice que en 2011 y 2012, uno de los más bajos de América Latina.
El escenario al comenzar el gobierno ha sido de tensiones y descontento. Movilizaciones en la Guajira por su abandono secular, simultáneamente los plataneros de Urabá salen a protestar, al igual que los habitantes de varios municipios de Casanare por un servicio de agua adecuado, inconformidad y anuncios de movilización de la rama judicial, malestar en las poblaciones del Pacífico. Justamente, aquellas zonas que prometieron ser beneficiadas por la “locomotora minera” son las más abandonadas y pobres, son las más vulnerables a los deterioros del medio ambiente. Las peticiones no resueltas de las movilizaciones campesinas, provocarán seguramente nuevas manifestaciones sociales y la infinidad de asuntos regionales no resueltos harán que el pueblo pase la factura al Gobierno.
La movilización social ha logrado frenar proyectos contra la nación, como el desvío del río Ranchería, la gran minería en Santurbán, el TLC con Corea, las reformas de educación, justicia y salud y la privatización de ISAGEN; sin embargo los planes de Santos II son nefastos: lo que se viene son nuevas concesiones y contratos para entregar nuestros recursos mineros y petroleros a las multinacionales; nuevos TLC, la prórroga de contratos como el de Campo Rubiales, la explotación de reservas naturales y el abandono de la consulta previa a las poblaciones. Estas políticas inevitablemente provocarán nuevos movimientos de protesta.
