Otro paso hacia la privatización de las cárceles y la justicia
En Deslinde No 53 (agosto-septiembre de 2013), pp. 80-81, en un artículo titulado “¿Privatización de las cárceles?” advertíamos que ese alboroto de humanismo, por la situación oprobiosa de los presos en Colombia (hacinamiento, precariedad en la alimentación, en los servicios públicos y carencias en la salud), que había llevado a cerrar 14 cárceles y 4 patios, trasladando el hacinamiento a las URI, tenía como motivo que se estaba preparando a la opinión pública para lo que ahora se anuncia: la privatización de las cárceles. En El Tiempo del 25 de mayo, p. 4, de la sección “debes saber” se informa con bombos y platillos: “Alianza con privados, fórmula para enfrentar la crisis carcelaria.
La noticia informa que en el documento Conpes de Política Penitenciaria y Carcelaria, que hará inversiones de un billón de pesos, el Inpec se apoyará en Alianzas Público Privadas (APP) para construir centros penitenciarios en Popayán (Cauca) y en Barrancabermeja (Santander) para darle al sistema 7.200 cupos nuevos. El retorno de la inversión de los privados se hará otorgándoles la administración de “servicios conexos”: mantenimiento de la infraestructura, salud y alimentación de los internos, y otros, como por ejemplo, la implementación de la altas tecnologías en las cárceles, entre ellas la inhibidoras de señal, las salas de audiencias virtuales (que ahorran los costos de traslado de los reclusos), y por si faltara poco proyectos productivos, aunque advierte que en ningún momento habrá manejo privado de la seguridad de los reclusos, que seguirá en manos del Inpec. Cualquier persona desapercibida respirará con tranquilidad. Pero el asunto es más complejo, comenzando por el alto número de presos en Colombia, mayor que en toda la Unión Europea junta, lo que pone en cuestión a la justicia pues muchos de los reclusos no han tenido procesos apropiados o ya han debido ser liberados o son apenas sindicados en detención preventiva (42.504 sobre 188.066 para el último caso), mientras que por otra parte es escandaloso el crecimiento exponencial del delito, lo que cuestiona la política social y laboral de por lo menos los gobiernos colombianos desde los 90 del siglo XX para acá y las políticas de rehabilitación de los delincuentes que desde las cárceles siguen delinquiendo, en muchos casos con la complicidad de sus guardianes.
Pero hay algo más grave: las privatizaciones continúan, lo público desaparece con el artificio de las APP, y los contratistas privados aumentarán sus patrimonios con el delito en Colombia. Tenemos la certeza de que el asunto no se quedará en “servicios conexos” sino que las políticas neoliberales que todo lo convierten en mercancía y en posibilidad de renta, continuará afirmándose en el sistema carcelario hasta llegar al modelo norteamericano de cárceles privadas y subsidios del Estado para las instituciones carcelarias, por cada uno de los presos. Este es el Juan Manuel Santos que muchos, todavía, no quieren ver.
Gustavo Adolfo Quesada Vanegas
gaquesa2@yahoo.com.
