NI ARMADOS NI COOPTADOS
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc han vuelto a poner sobre el tapete un tema que la izquierda colombiana, absorta en sus rencillas internas, se muestra cada día más reacia a tratar con la profundidad, el rigor y la urgencia que merece. Esto se debe en buena parte a que su discusión suscita una serie de interrogantes difíciles de responder, ya que levantan encendidas polémicas, pero obedece también a que si analizamos sus implicaciones con cabeza fría, y sin dejarnos obnubilar por telarañas ideológicas, los resultados del análisis obligan a la izquierda a repensar sus estrategias, a renovar su forma de comunicarse con la gente, a revisar los esquemas tradicionales de su actividad política y a buscar nuevas maneras de que su mensaje arraigue en los sectores populares, cambios todos estos que no pocos de sus dirigentes, aferrados a los cánones de la rutina, ni siquiera se plantean.
El tema se resume en la pregunta un tanto incómoda, aunque no por ello menos recurrente, acerca de por qué la izquierda no ha logrado prosperar en un medio como el nuestro, a primera vista tan propicio para que pudiera hacerlo. Según se sabe, Colombia es un país donde la abrumadora mayoría de la sus habitantes subsiste en condiciones de precariedad, de indefensión y de miseria que todos los estudios serios coinciden en calificar de escandalosas. Aunque las estadísticas del Dane pretendan disfrazarla, la brecha entre los ricos y los pobres se ha venido ampliando a una velocidad sorprendente, sobre todo en el transcurso de los últimos veinticinco años, y la política económica de los últimos siete períodos presidenciales, de César Gaviria a Juan Manuel Santos, pasando por los dos cuatrienios de Álvaro Uribe, no ha hecho otra cosa que empeorar la situación. Convertir al país en un enclave de las multinacionales mineras y petroleras, especializándolo en la producción barata de materias primas, tuvo consecuencias desastrosas para la agricultura y la industria, golpeadas además por los tratados de libre comercio, pero como suele suceder con todos los enclaves coloniales que han existido a lo largo de los últimos doscientos años, tan pronto cayeron en las bolsas de Londres y de Nueva York los precios del petróleo, del oro y del carbón se derrumbó la estantería.
Y así, para finales del año 2015, como lo vaticinan varios analistas, el déficit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascenderá a un porcentaje peligrosamente preocupante del producto interno bruto; la deuda externa pública y privada bordea a la fecha los cien mil millones de dólares; la devaluación del peso encarece su servicio, aumenta el costo de las importaciones de alimentos, que el año pasado llegaron a cerca de diez millones de toneladas, y atiza el fuego de la hoguera inflacionaria; los ingresos que por regalías reciben los departamentos y los municipios tendrán que recortarse en proporciones muy considerables, lo que a su turno disminuye la inversión social de sus escasos recursos, y para rebosar la copa de los infortunios, en los primeros meses del año se redujeron en más del veinte por ciento, según las propias cifras oficiales, las exportaciones a los Estados Unidos, que se suponía que iban a crecer en forma exponencial a la sombra del libre comercio.
De lo expuesto se deducen al menos dos conclusiones. La primera tiene que ver con el fracaso manifiesto de toda esa tecnocracia neoliberal que ha implementado la política económica de los últimos siete períodos presidenciales y que todo parece indicar que se distingue, como los alquimistas de la Edad Media, por su persistencia en el error, y la segunda es que a la izquierda colombiana se le abre un panorama de nuevas oportunidades que sería inconcebible, además de imperdonable, que no supiera aprovechar. En el mundo entero están haciendo agua las ideas, los procedimientos y los recetarios del Consenso de Washington, que tanto ensalzara las virtudes del mercado y criticara los “efectos deletéreos” de la intervención estatal; tras la debacle financiera de finales de la década pasada, la recuperación de la economía norteamericana ha sido muchísimo más lenta, y muchísimo más frágil, de lo que sus gurúes habían previsto; la crisis de los países mediterráneos de Europa ha repercutido en todo el continente, que no encuentra la manera de salir de ella sin pisar los callos de los acreedores alemanes, y después de disfrutar durante algunos años del boom de las materias primas, que en el caso de Colombia se despilfarró en programas clientelistas de asistencia social mediatizada, las naciones periféricas de Asia, África y América Latina han vuelto a experimentar en carne propia los “efectos deletéreos” —esos sí— de una división internacional del trabajo que las condena a hipotecar su desarrollo, a perder su independencia, a feriar sus recursos naturales y a someterse al ritmo de los ciclos reproductivos, siempre caprichosos, de los grandes capitales del planeta. Y si al desbarajuste económico se le agrega el polvorín del Medio Oriente, para no hablar del cambio climático, del terrorismo islámico y de las tensiones imperiales en Ucrania y los países bálticos, se comprenderá por qué hay científicos sociales, cada vez más numerosos, que sostienen que el sistema histórico contemporáneo está en la fase terminal de su proceso evolutivo.
La pregunta del millón, sin embargo, es si la izquierda, y en particular la izquierda colombiana, se encuentra preparada para asumir el reto de convertirse en una alternativa capaz de conmover, persuadir, aglutinar y organizar a los sectores populares que buscan romper el círculo vicioso del subdesarrollo, un círculo vicioso que los obliga a pagar el mayor costo de las sucesivas destorcidas, a cual más traumáticas, que cada cierto tiempo sacuden los cimientos de una economía supeditada a las fluctuaciones periódicas de los productos básicos en el mercado externo. Y si la pregunta se formula con cierto escepticismo, teniendo en cuenta los antecedentes que existen al respecto, lo más probable es que los dirigentes de la izquierda respondan que son las “condiciones objetivas” del país y del mundo, que por desgracia no dependen de ellos, las que hasta el día de hoy han impedido que sus propuestas echen raíces. En el baúl de las “condiciones objetivas” suelen incluir factores como el respaldo que el gobierno de los Estados Unidos les ha brindado a los intermediarios liberales y conservadores criollos para perpetuarse en el poder; señalan también el carácter restringido, clientelista y corruptor de nuestra democracia, que dificulta y/o imposibilita el surgimiento de fuerzas opuestas al sistema; algunos aducen que es la represión de las protestas sociales, en ocasiones bárbara, la que explica por qué no han prosperado los partidos políticos contestatarios, y no faltan los que alegan que el meollo del problema radica en el atraso, el descreimiento, la apatía y la ignorancia de las masas, alienadas por la pobreza o por el consumismo y, de contera, embrutecidas por los medios de comunicación, controlados por los grandes grupos económicos, que las manipulan a su antojo.
Acerca de las “condiciones subjetivas”, como era de esperarse, muchos jerarcas de la izquierda colombiana prefieren guardar un púdico silencio, interrumpido muy de vez en cuando por la aceptación a cuentagotas de algunos errores del pasado que a estas alturas de la vida resulta imposible esconder debajo la alfombra. El partido comunista, por ejemplo, ha tenido que admitir que su ceguera política, de unas dioptrías verdaderamente asombrosas, le impidió reconocer la importancia de un hombre de la talla histórica de Jorge Eliécer Gaitán, cuya candidatura presidencial para las elecciones de 1946 combatió con un ardor digno de mejores causas. Aunque con algunas salvedades, la cúpula del M-19 se ha visto en la necesidad de aceptar que el asalto al Palacio de Justicia, financiado con dineros de la mafia en 1985, fue una salvajada, para decirlo sin pelos en la lengua, que le costó la vida a medio centenar de magistrados y a un número aún impreciso de personas comunes y corrientes. Después de negar su culpabilidad en repetidas ocasiones, el Comando Central del ELN terminó pidiendo disculpas públicas por la masacre del corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, donde en 1998, tras dinamitar el oleoducto que lleva el petróleo de los campos de Cusiana al puerto de Coveñas, el incendio provocado por la explosión causó la muerte de casi cien humildes lugareños, entre ellos varios niños. En las conversaciones de paz que desde hace ya dos años largos avanzan en La Habana, la delegación de las Farc se ha reunido con representantes de las “víctimas del conflicto”, como las llaman los informes de prensa, ante las cuales ha manifestado su profundo pesar por los posibles daños colaterales, y hasta cierto punto inevitables, que sus acciones armadas hayan podido ocasionar entre la población civil. Se supone que el acuerdo final que las partes negocian en la capital cubana incluye el compromiso de decir la verdad, de hacer justicia, de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición de los delitos cometidos por los victimarios, pero los jefes de las Farc también han reiterado en sucesivas oportunidades que los crímenes de lesa humanidad que perpetraron en el transcurso de cincuenta años deben cobijarse bajo el manto sacrosanto del “derecho a la rebelión contra la tiranía” que asiste a todo ciudadano en una democracia, por lo que borran con el codo lo que escriben con la mano.
No es extraño, por lo tanto, que los dirigentes de la izquierda que optaron por unir su suerte a la de las guerrillas se abstengan de adoptar un punto de vista crítico frente al hecho mismo de haberse levantado en armas cuando no existían las condiciones, ni objetivas ni subjetivas, para que una decisión de semejante trascendencia pudiera culminar con éxito. “Aceptar el combate cuando éste resulta manifiestamente ventajoso para el enemigo”, escribió Lenin en 1920, “constituye un crimen”, y como demuestra hasta la saciedad la historia del país en la segunda mitad del siglo pasado, las organizaciones guerrilleras que surgieron en Colombia tras el triunfo de la revolución cubana no sólo resultaron “manifiestamente ventajosas para el enemigo”, que supo utilizarlas para reprimir, desviar y judicializar el descontento, sino que además estaban condenadas desde un principio a terminar en lo que terminaron: aisladas, desacreditadas, lumpenizadas, políticamente irrelevantes, militarmente inofensivas, éticamente cuestionables y, en consecuencia, sin ningún apoyo significativo en los sectores populares, lo que tarde o temprano las conminaría a sentarse a negociar con el gobierno de turno. Algunas lo hicieron hace veinticinco años y hoy conforman con todos los honores el “flanco progresista”, socialdemócrata, del establecimiento; otras continúan barajando las cartas de un acuerdo de paz que ojalá se pueda concretar en el menor tiempo posible; todas ellas, no obstante, han acabado por reconocer, directa o indirectamente, que la lucha armada que adelantaron durante medio siglo condujo a un callejón sin salida que entorpece las protestas de los pobres, agudiza sus problemas económicos, profundiza su incredulidad política, poluciona sus intentos de asociarse, atornilla a la derecha y desnaturaliza a la izquierda, cuyas vertientes democráticas han tenido que pagar los platos rotos del enorme y merecido desprestigio en que cayeron, sin excepción, todas las guerrillas colombianas.
El otro gran obstáculo que impide el desarrollo de la izquierda, y que en no pequeña escala se entrelaza con el anterior, está relacionado con una viejísima costumbre de algunas de sus figuras públicas más representativas: la de dejarse cooptar por el poder, para decirlo en terminología académica, y en particular cuando el poder se encuentra en manos del partido liberal, que por razones obvias goza de mejores credenciales que el conservador para posar de amigo del progreso, enemigo de los privilegios, campeón del Estado de derecho y adalid de la justicia social. Se trata de una costumbre que sin ir más lejos se remonta a la década de 1930, cuando los líderes del partido comunista sucumbieron ante los encantos de Alfonso López Pumarejo y se volvieron defensores acérrimos de la llamada Revolución en Marcha, una de los chascos más decepcionantes que en materia de reformas, y sobre todo de reformas agrarias, registra la historia de América Latina. La tendencia a convertirse en un apéndice del ala supuestamente “progresista” del partido liberal, que adquirió connotaciones rayanas en el servilismo durante el segundo gobierno de López Pumarejo, se fue transformando poco a poco en una tradición política que con distintos matices, por supuesto, se recicla cada cierto tiempo. El fenómeno se hizo tan notorio, e incluso tan patético, que en el decenio de 1950 un periodista guasón bautizó a sus causahabientes con el nombre de “mamertos”, terminacho que a partir de entonces ingresó al léxico colombiano para designar a todos aquellos dirigentes de la izquierda que en aras de combatir a la extrema derecha, como suelen proclamarlo, le cargan ladrillo a la derecha moderada, que en el manejo de la economía puede ser aún más derechista, aunque parezca paradójico, que la extrema derecha. El resultado de esta propensión a dejarse cooptar por el poder ha hecho que el conjunto de las fuerzas opuestas al orden imperante pierda identidad, además de credibilidad, a los ojos de un pueblo que de ingenuo, por fortuna, no tiene un pelo, y que desde luego se da cuenta de que las élites recurren, sobre todo en períodos de crisis, a toda suerte de artilugios mediáticos para lavar su imagen. Uno de los más socorridos es el de mostrarse democráticas, tolerantes, abiertas a las opiniones contrarias, sensibles al arte y la cultura, respetuosas de la libertad de expresión —en un país donde los propietarios de la medios se cuentan con los dedos de una mano—, y por encima de todo, partidarias de la paz, una paz que todo el mundo espera que se logre en La Habana, aun al precio de tragarse más de un sapo, pero cuyo legítimo anhelo entre los colombianos, y sobre todo entre los colombianos que padecen los horrores de la violencia, le ha servido de mampara al presidente Santos para ocultar la naturaleza regresiva de sus medidas económicas y el carácter retardatario, típicamente mercantilista, de su concepción acerca del papel que debe desempeñar el Estado en una sociedad como la nuestra.
Volviendo entonces al tema del principio, la pregunta de por qué la izquierda no ha podido “coger vuelo” en Colombia, un país donde las soluciones promovidas por la derecha se agotaron hace muchos años, sugiere múltiples respuestas. Es indudable que algunos de sus dirigentes, en diversas coyunturas históricas, han incurrido en equivocaciones, varias de ellas garrafales, que contribuyeron a frustrar su crecimiento, y también es indudable que las exigencias del mundo contemporáneo la obligan a renovar su lenguaje, a pulir sus herramientas, a limar las asperezas de su estilo, a explorar nuevas formas de organización, a ensanchar el espectro de sus propuestas programáticas. Sin embargo, si la izquierda colombiana aspira a estar a la altura de los desafíos que se perfilan en el horizonte, tendrá que cumplir al menos dos requisitos impajaritables: romper definitivamente con el lastre de la lucha armada, que durante más de medio siglo ha sido uno de los principales focos de su estancamiento, y ganarle la batalla al cáncer del mamertismo, que desdibuja sus contornos ideológicos, coarta su independencia política, manosea sus banderas, contamina su talante y adormece su sentido crítico.
Pío Lázaro
Abril del 2015
Pío Lázaro (Bogotá, 1947) trabaja desde hace varios años como editor, lector y traductor de El Áncora Editores
