Las historias detrás de El Quimbo
“El proyecto ha desplazado a mucha gente y mucha agricultura, tanto que en la plaza se ve la carestía de alimentos porque ya no se siembra nada”, fue la primera frase que escuché sobre El Quimbo al llegar a La Jagua, centro poblado del municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Vino del padre de Mauricio Cabrera. Fue así como se abrió el almuerzo. Había viajado al Huila para indagar cómo se ganaban la vida los desplazados por la multinacional Emgesa Endesa, una compañía dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica.
El Quimbo, un proyecto hidroeléctrico ubicado en una región rica en biodiversidad endémica y muy fértil, afecta principalmente a los municipios de Gigante, Agrado y Garzón, pero también a parte de Tesalia, Altamira y Paicol.
Un camino tortuoso
La empresa llegó a Colombia en 1997, durante el proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, la cual quedó como casa matriz de su administración. La capitalización por 810 millones de dólares se hizo con Endesa, controlada por Enel de Italia, una empresa de energía con presencia en más de 40 países y con más de 24 millones de clientes.
La empresa llegó a Colombia en 1997, durante el proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, la cual quedó como casa matriz de su administración. La capitalización por 810 millones de dólares se hizo con Endesa, controlada por Enel de Italia, una empresa de energía con presencia en más de 40 países y con más de 24 millones de clientes.
Proyectada para exportar energía a Ecuador, Panamá y Centroamérica, la hidroeléctrica había sido planteada por la multinacional desde 1995. Sin embargo, la licencia de construcción le fue negada por el Ministerio de Ambiente por considerar inadecuada la inundación de una de las tierras con mayor aptitud agrícola en el Huila, un departamento pobre en tierras productivas. La idea vio de nuevo la luz en 2008, cuando el Ministerio de Minas y Energía anunció que reasignaría el proyecto para abastecer la demanda energética del país. La Contraloría se opuso de inmediato advirtiendo que “en ninguna parte conseguimos tierras como estas porque son de primera calidad”. También la Procuraduría alertó sobre su inconveniencia. Varios estudios demostraron que la zona no era apta para una represa de tal magnitud, debido a que las fallas geológicas que convergen allí, han quebrado la tierra en diversos lugares. Tampoco Emgesa Endesa garantizaba nada. En otros departamentos se habían incoado demandas contra ella por violación a los derechos laborales, por infringir la seguridad industrial y destruir ecológicamente los ríos Bogotá y Guarinó. Aun así, el Gobierno nacional y la empresa hicieron oídos sordos para favorecer a la Trasnacional y la Represa se materializó en 2009 con el otorgamiento de la licencia ambiental No. 150509.
En palabras del entonces presidente Álvaro Uribe, “El Quimbo se hará bajo el nuevo esquema de gobierno”, el de la Confianza Inversionista. Fue el anticipo de lo que estaba por acontecer: a la Empresa se le reconoció beneficio de zona franca para que obtuviera un descuento del 33% al 15% en los impuestos de renta, además de un contrato de estabilidad jurídica que la protegía de los nuevos impuestos.
Era tal la seguridad de que el gobierno haría hasta lo imposible para que El Quimbo se construyera, que el negocio de disponibilidad fue firmado casi un año antes de que se otorgara la licencia ambiental. De la misma manera, en 2008 el Ministerio y la Presidencia habían ya declarado de utilidad pública 35.000 hectáreas, dándole a Emgesa absoluto poder de expropiación sobre ellas. La superficie afectada es muy superior a la necesaria para la inundación, estimada en solo 8.000 hectáreas. La empresa adquirió predios a bajo costo para reasentar a las familias que ella misma elegiría como damnificadas. En últimas, no fueron más de 3.000 hectáreas las destinadas por Emgesa a la reposición de tierras a favor de quienes venían de las zonas inundadas.
En noviembre 2011, un hallazgo arqueológico en las márgenes del río Magdalena se apareció ante la gente como el milagro que tanto había implorado. El informe del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH ocasionó que la construcción de la represa fuera suspendida. El Instituto advirtió de paso que el proyecto amenazaba varias zonas arqueológicas de primera importancia.
Cuando todo indicaba que el país le daría prioridad a su riqueza arqueológica, se atravesó en el camino la Universidad Nacional, urgida de dinero por el abandono estatal. A cambio de 2.500 millones de pesos que el Estado nunca le había hecho llegar para la reparación y el mantenimiento de sus laboratorios, el primer claustro del país decidió dar a las zonas afectadas el tratamiento arqueológico de reconstrucción, para que finalmente la Empresa pudiera llevar adelante su proyecto a pesar de la oposición de toda la comunidad huilense.
Miles de familias damnificadas
Ese miércoles soleado, nos fuimos con Mauricio en su moto hasta un lugar que para él era emblemático. Se trataba de La Güica, finca situada dentro de las 35.000 hectáreas declaradas de utilidad pública y ya desocupadas. Allí nos recibió Olga Gineth Gaitán, una mujer de 37 años oriunda de Garzón, quien, después de ofrecernos un envuelto de maíz con tinto en tazas de colores, nos contó su accidentada historia.
Tiempo antes, Olga se había tomado la finca después de haber se quedado sin empleo y sin esperanzas. Tenía cinco hijos. Los menores, Sneider y Estefanía, de 8 y 6 años, estaban allí delante, jugando, y miraban de reojo a los visitantes que interrumpían su rutina. El del medio tenía 12 y era el único que estudiaba, mientras que los mayores, de 16 y 18, se hallaban trabajando como recolectores en la vereda de Maja, cerca a Garzón, en los terrenos que Emgesa no compró. Olga compartía su vida con su esposo, Juan de Dios Núñez, de 46 años, el padre de sus hijos. Antes que se anunciara la construcción de la represa, los dos laboraban como jornaleros recolectando tabaco en una vereda aledaña.
Nunca habían sido propietarios y el pago del arriendo de la casa en la que vivían dependía de la recolección, el desencuje y la desamarrada del tabaco. Era además la actividad a la que se había dedicado Olga por más de trece años. La tabacalera fue vendida en 2012 ante el anuncio de la represa, así que ella y su familia ingresaron en la lista de los programas de reasentamiento y debieron empezar por arrendar un apartamento. Los dos esposos habían sobrevivido desde entonces sembrando maíz, yuca, fríjol, ahuyama, plátano todo cuanto floreciera en la tierra. En resumen, al igual que a las 4.700 familias desplazadas, a la de Olga no le fue bien con la represa. Para colmo, sus cinco hermanos se quedaron igualmente sin trabajo. Las crónicas dificultades no obedecían a la pereza.
Incumplimientos, demagogia y represión
En abril de 2009, el Gobierno decidió instalar el Batallón Especial Energético Vial Número 12, conformado por mil doscientos soldados que tenían como objetivo no proteger a sus conciudadanos sino defender a cualquier precio los intereses de la multinacional.
Según los acuerdos pactados entre Emgesa y los primeros desplazados, a las familias con propiedades inferiores a 5 hectáreas se les repondría la tierra y a las de propiedades mayores se les indemnizaría con dinero. Las reparaciones, sin embargo, fueron convenidas sin reconocer el nuevo valor comercial de la tierra ni su óptima calidad, pues las destinadas para el reasentamiento no eran aptas para la agricultura. Apenas obvio. Las tierras usurpadas por la empresa, bañadas por numerosas quebradas y por el río Magdalena, eran quizá las mejores de todo el departamento.
Ante la reticencia de las comunidades y la repulsa casi unánime de los huilenses, la empresa emprendió una campaña de propaganda magnificando inocuas concesiones que nada sustancial les aportaban a los afectados. Emgesa no hacía la menor alusión al desplazamiento violento de las familias, como tampoco a que se planeaba reasentarlas en 3.000 hectáreas de escasa fertilidad. Solo hablaba orgullosa de un laboratorio, un tanque de agua y un carro de basuras para Altamira, de apoyar el libro sobre el patrimonio arqueológico escrito por Efraín Sánchez, de hacer escuelas de participación y de tender un acueducto para Gigante. Prometió además construir una vía perimetral que uniría la zona inundada, promesa que se quedó en veremos. Cuando fue demandada por los continuos incumplimientos, Emgesa dijo entonces que restauraría 20.000 hectáreas de bosque seco tropical en la margen izquierda del embalse, pero sólo intervino la mitad.
Ante la reticencia de las comunidades y la repulsa casi unánime de los huilenses, la empresa emprendió una campaña de propaganda magnificando inocuas concesiones que nada sustancial les aportaban a los afectados. Emgesa no hacía la menor alusión al desplazamiento violento de las familias, como tampoco a que se planeaba reasentarlas en 3.000 hectáreas de escasa fertilidad. Solo hablaba orgullosa de un laboratorio, un tanque de agua y un carro de basuras para Altamira, de apoyar el libro sobre el patrimonio arqueológico escrito por Efraín Sánchez, de hacer escuelas de participación y de tender un acueducto para Gigante. Prometió además construir una vía perimetral que uniría la zona inundada, promesa que se quedó en veremos. Cuando fue demandada por los continuos incumplimientos, Emgesa dijo entonces que restauraría 20.000 hectáreas de bosque seco tropical en la margen izquierda del embalse, pero sólo intervino la mitad.
Por ejemplo, Mauricio nunca hizo parte de las cuentas de Emgesa a pesar de que fue uno de los afectados indirectos y, por lo mismo, debía ser atendido en los programas de recuperación del empleo. Todo se fue en promeserismo. Mauricio era escultor. De hecho, su casa tenía varias obras esculpidas por él, pero la actual situación legal del río de los colombianos convertía el agua, la arcilla y la arenilla en propiedad privada. Él sabía que no era el único que se encontraba en situación similar. Siendo parte de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, sabía por fuentes bien informadas que los censos de Emgesa habían contemplado apenas dos mil afectados indirectos, cuando los censos de su organización aseveraban que eran más de once mil.
“Un problema social”
Para saber quiénes eran los pescadores que debían ser beneficiarios de los programas, la empresa censó durante todo un día a quienes se encontraban en esa actividad. Lo anterior significa que no todos los pescadores fueron contados. Solo quienes se hallaban ese día faenando. La Contraloría advirtió que era un censo mal realizado, pero Emgesa ignoró una vez más los llamados de las autoridades colombianas. Las trasnacionales parecen disfrutar en Colombia de un fuero soberano.
“Esto es una catástrofe, un problema social terrible”, dice el guía cuando habla de las decenas de trágicas historias que conoce. Recuerda en especial que la finca La Güipa era una propiedad ganadera, dedicada a la producción de leche y al engorde y que su venta “dejó a muchos trabajadores manicruzados porque la empresa los sacó del censo”.
La triple quiebra afectó a personas como Zoila María Ninco, quien contó con la suerte de estar pescando el día del censo. Sin embargo, ella está convencida de que el subsidio otorgado no compensa los daños ambientales y laborales que el proyecto le causa, como a otros muchos miles de huilenses, y deja en claro que lo que quiere “es ver el río libre”. A sus 42 años, Zoila no tiene problema en ocuparse en cualquier cosa por el bien de su familia, así que además de ser pescadora artesanal, cuenta con formación técnica en construcción de muros de piedra. También servía como tabacalera en la finca La Virginia, cerca de La Escalereta.
A pesar del empuje de Zoila para sacar adelante su hogar, El Quimbo le ha cerrado las posibilidades. Le gustaba su vida como pescadora. Pero todos los pescadores del río fueron desalojados por la fuerza pública en cuanto se iniciaron las primeras fases de construcción, ya que la empresa prohibió su actividad en la parte de abajo de la represa, permitiéndola únicamente en la parte de arriba en donde son los residuos los que la hacen imposible.
El programa de reparación del que Zoila era beneficiaria se conoce como “Capital Semilla”. En total le correspondían 3 millones de pesos distribuidos en 500.000 pesos cada mes. El programa, en palabras de Zoila, consiste en “intentar enseñar a sembrar, criar pollos y pescar. Pero si no dejan tierras ni espacios para trabajar, ¿para qué enseñan?”.
Vive en La Jagua hace 38 años con su esposo, oriundo de Neiva. Su casa es grande y desde afuera parece más un centro cultural, porque exhibe una pintura grande en defensa del agua y en contra de la multinacional. La mesa de las visitas está decorada con unas flores ingeniosamente armadas con residuos de botellas plásticas, pintadas a su vez con esmaltes fluorescentes. Allí viven ellos dos y sus cuatro hijos, también desempleados. Por eso ella explica con su voz resignada: “Ahora vivimos del día que el Señor nos regale. Dependemos de las cargas de arena, actividad por la que pagan 10.000 pesos al día.”
Su hijo mayor es un activista ecológico de la organización “Aguas por el territorio”. La siguiente en edad, Mercedes, era profesora de danzas en el centro, pero fue despedida cuando se agotaron los recursos. En situaciones similares se encuentran los otros dos: Javier y Fernanda. “Pobreza es lo único que se ve”, dice, “ni siquiera hubo este año restaurante escolar”.
Luto por el río Magdalena
El 3 de marzo de 2012 es recordado como un día de luto. Fue el inicio del proceso de desvío del río Magdalena, la fecha en que la construcción del muro de contención fue culminada. Tan solo un mes después, la furia del caudal desbordó el muro y dejó consecuencias fatales en la fauna íctica. Setecientos pescadores se suscribieron ese mes a los programas y, en junio del mismo año, mil personas se acogieron a las medidas de compensación de los no residentes. Ochocientos setenta de ellas fueron adscritas a la Escuela para el Desarrollo Sustentable a fin de capacitarse sobre el cambio de actividades económicas. ¡Pero nada concreto en soluciones!
Puntualmente, el área que involucra directamente el proyecto es de 8.586 hectáreas de zona agrícola, ganadera y pesquera. La represa contará con una capacidad instalada de 400 megavatios y una generación media de 2216 GWh al año, lo que lo llevará a obtener utilidades por el aprovechamiento privado de los recursos hídricos comunes de los ríos Suaza y Magdalena. Para la culminación de la obra, la empresa invirtió alrededor de 837 millones de dólares, esperando obtener del embalse una vida útil de 50 años. La represa genera apenas un 3% adicional al sistema eléctrico nacional. ¡Pocas ganancias para Colombia!
Engaños y daños
Desde su entrada a la región, la multinacional no deja pasar una sola oportunidad para engañar a las poblaciones afectadas. Argumentó la generación de empleo, a sabiendas de que en el mayor pico de construcción solo se generaron poco más de tres mil. También arguyó que daría continuidad a la actividad pesquera, silenciando que, por contrato, el operador de la represa tiene derecho a manejar el agua a su antojo, llenando o desocupando lagos cuando lo considere apropiado. Utilizó como carta a su favor el auge del turismo, ignorando el ejemplo de Yaguara, uno de los principales asentamientos afectados por la hidroeléctrica Betania la cual, a pesar de su construcción, continúa en la más humillante pobreza.
El impacto agrario que ha causado es desalentador. Se calcula que las 4.678 familias de agricultores desalojados dejarán de producir al año 32 mil millones de pesos*. La pérdida en tierras fértiles es irrecuperable, como también la de toda la cadena productiva, por ser la agricultura la fuente del sustento para decenas de miles jornaleros, campesinos, transportadores, volqueteros y paleros, comerciantes y vendedores de agroinsumos.
El impacto cultural será enorme: se inundarán 78 áreas de interés arqueológico. El impacto ambiental será también notorio en el choque con la biodiversidad abundante en la zona de bosque amazónico y la destrucción de 842 hectáreas de bosque ripario, un ecosistema sensible y único.
Ante las secuelas tan dañinas que El Quimbo acarrearía, las comunidades afectadas, especialmente aquellas a quienes se les arrebatarían sus tierras, organizaron jornadas masivas de protesta y resistencia. “También soy desplazado por el Estado” era la leyenda de las camisetas en las multitudinarias manifestaciones y en los carteles figuraba la idea del desplazamiento violento con complicidad y ayuda del Gobierno nacional: “A mí no me desplazan la guerrilla ni los paramilitares, sino el Estado y las multinacionales”.
Asoquimbo
El lunes 19 de agosto, conocimos a Miller Dussán, coordinador de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo. La idea que quisimos resaltar alrededor del tema fue la del regalo de las tierras productoras a la multinacional: “También es desplazamiento forzado y violento, porque en este caso también existió desalojo violento con amparos policivos.”
Dussán, sin perder de vista el camino, va contando que hay dos tipos de afectados por el desplazamiento: quienes estaban en la zona de la inundación y quienes fueron víctimas del despojo de la tierra que iba a usarse para el reasentamiento. Pero asevera sin miedo a equivocarse que ambos grupos están enmarcados en una modalidad de desplazamiento forzado que tiene al Estado como autor y a la trasnacional como beneficiaria exclusiva.
Solo a los desplazados directos, los que habitaban o trabajaban las tierras entregadas a la Empresa, son considerados por ella como desplazados. Las personas que trabajaban en estos predios, pero que vivían por fuera no son reconocidas como tales, sino tan solo calificados como afectados. El Gobierno nacional acata humildemente la visión de la empresa y así lo dispone en la licencia, “por lo que —según Dussán— el Estado se quita cualquier vínculo o responsabilidad con la gente y la manda directamente a negociar con la empresa.”
Es el caso de Edna Rocío Rodríguez y su compañero Mario Alexánder Angarita. Construyeron juntos su hogar en la finca La Virginia, ya desocupada. Los dos cuentan con 22 años y tienen dos bebés, una de un año y otro de dos. Rocío es una mujer hermosa dedicada a las labores de la casa. Nació en Pompella, Huila, y allí estudió hasta quinto de primaria, cuando se vio obligada a retirarse de la escuela. En su cuarto, que es la casa en donde viven los cuatro, sólo hay una cama y un viejo armario de tres cajones. En las repisas sin cubrir están todas sus pertenencias: una escopeta, un champú y un alcohol, no más, y en el suelo toda su ropa, que no es mucha. La joven familia, económicamente dependiente de Mario Alexánder, vive las consecuencias del aumento de temperatura que genera el espejo de agua y que afecta los cultivos. Mario, con una sombra que hace las veces de bigote, había sembrado hace un tiempo mil palos de café. Mientras esperaba los frutos, se ocupaba como jornalero, recolectando café en fincas ajenas diez horas al día por un salario de 15.000 pesos. Sin embargo, el cambio climático producto del proyecto, imposibilitó el cultivo y dejó a Mario sin empleo y sin cosecha. Por no ser considerados desplazados ni afectados por la Empresa, las opciones de empleo para ambos son nulas.
Continuando en el camino hacia Asoquimbo, Dussán habla de las más de diez mil personas que, como Mario, no son reconocidas como afectados ni siquiera indirectos por los censos oficiales, y critica fuertemente una imprecisión injusta de la empresa que el Gobierno ha pasado por alto: la reposición de tierras y el reasentamiento debió haberse realizado antes de iniciar la construcción, apenas la gente fuera sacada de sus tierras. Y mientras están a la deriva, en espera de la reparación, son las familias mismas quienes tienen como tarea buscar los predios en los que serán reasentadas. Pero incluso para la restitución tardía de las tierras buscadas por los mismos afectados, es el Manual de Precios Unitarios de Predios de Emgesa el que define el valor y siempre por debajo del nivel catastral, sustentándose legalmente en el regalo recibido: los terrenos de utilidad pública sufren depreciación.
La tragedia de El Quimbo y de las miles de personas afectadas no es una aguja en el pajar de la historia reciente de Colombia, regida por el capital extranjero. Por el contrario, este relato es uno de los tantos ejemplos del indignante modelo de país que los gobiernos han traído a nuestras tierras, en el que se garantizan las ganancias de las multinacionales con el hambre y el sufrimiento de nuestra gente.
