El Plan Nacional de Desarrollo: demagogia y dictadura

Por: Enrique A. Daza G., Director Deslinde

Los planes de desarrollo de los gobiernos colombianos, desde que se decidió elaborarlos, contienen invariablemente una serie de lugares comunes sobre temas tales como la superación de la pobreza, la promoción del crecimiento sostenible, la generación de empleo, la equidad social, la atención y prevención del desplazamiento forzado, el aumento de cobertura y calidad de la educación, la reconciliación, y la defensa de los derechos humanos, entre otros centenares de temas que se reiteran y que son la repetición de planes  anteriores, casi como un simple ejercicio de copiar y pegar.

Son documentos tan voluminosos que nadie lee. Los dos planes de desarrollo de Uribe “Hacia un Estado Comunitario “tiene 295 páginas, “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”, 593 páginas, el del primer gobierno de Santos “Prosperidad para todos” 905 páginas y, el reciente de Santos, “Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación” 905 páginas: repetitivos; con escasísimas diferencias; los anteriores ya se encuentran en el cuarto de San Alejo; con los mismos fundamentos tomados de los preceptos de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y hechos para cumplir un inútil ritual legal.

Posteriormente, nadie evalúa su cumplimiento.  Todos ellos parten de que el país ha realizado con el plan anterior grandes progresos y que hay que continuar el mismo rumbo.  Constituyen una mezcla de estrategia ideológica sobre lo que los gobiernos consideran “desarrollo” y programas de inversión inflados, facultades al Ejecutivo en temas polémicos y un listado de obras públicas en las cuales ocupa un papel central la inversión privada.

Las ideas eje   de estos planes desde hace varios años son, la inversión privada y la facilitación de la inversión extranjera, las exportaciones como motor del desarrollo, las privatizaciones y, la concepción de que el Gobierno debe limitarse a la facilitación de los negocios privados.

Más allá de los lugares comunes, el plan de Santos II tiene la particularidad de intentar legislar sobre muchos temas que en el pasado fueron o deben ser proyectos de ley, estudiados en forma separada y cuidadosa por el Congreso, con lo cual quiere saltarse el trámite legislativo, aun con un Congreso que controla mayoritariamente. El plan hace esto, por lo menos, con el código minero, la ley de tierras, la contratación con las trasnacionales, el destino de los baldíos y la reglamentación de las telecomunicaciones y del sector financiero.

Del mismo modo, este Plan carece de una política industrial y de una estrategia para blindar la economía de la variabilidad de la economía mundial. Por todas partes aparecen las alianzas público privadas: en la infraestructura, la educación, la salud, las comunicaciones, el agro, etc.

El Gobierno se ufana de estar implementando las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no es más que una organización que recomienda adaptar la institucionalidad a los preceptos de la globalización, y cuyo mandato es la liberalización de los movimientos de capitales y servicios, ya que la de mercancías se logra a través de los tratados de libre comercio. La entrada a esta organización no supone que se deban cumplir sus estándares sino que haya la voluntad política de someterse a ellos.

El Plan Nacional de Desarrollo en su contenido y en su trámite es un reflejo exacto de las características del actual gobierno: la marrullería, la antidemocracia, el engaño, el intento de hacer creer que como se habla mucho de paz, realmente se busca resolver problemas sociales históricos. Tienen el intento de confundir con la retórica, la distribución regional de la mermelada, asignando recursos para obras regionales que permitan fortalecer la clientela de los caciques locales. El Plan de Desarrollo de Santos está lleno de supuestos falsos sobre el crecimiento de la industria y el agro, la evolución de los precios del petróleo y las materias primas básicas. Está lanzando al país a depender de una economía mundial en dificultades y además está lleno de micos inaceptables como por ejemplo promover el envío de tropas al extranjero, o eliminar la renta departamental sobre licores, para solo citar dos de los más aberrantes.

Después de haber presentado el Plan como un sesudo ejercicio de contabilidad estatal, tuvieron que ajustarlo en 90 billones de pesos y después recortar el presupuesto en 6 billones. Los recortes más importantes fueron al sector social y, quedamos pendientes de que para subsanar el enorme déficit y los recortes lo único que existe en su neoliberal imaginación es el aumento en los impuestos indirectos como el IVA.

Hace falta que se piense realmente en recuperar el papel activo del Estado en el desarrollo económico, promover la industrialización, ampliar el mercado interno, generar empleo de calidad, alimentar a la población con los productos de nuestras tierras, defender la soberanía.

Nada bueno nos espera con Santos II. La necesaria búsqueda de la paz, no puede encubrir las tropelías que se cometen. La población sabrá responder.