El modelo minero vigente no expresa el interes general de los colombianos

Deslinde: Con base en la investigación realizada para la CGR “La conflictividad por el territorio, el control de los RNNR y la renta minera, el choque de las dos locomotoras”, le preguntamos: ¿está funcionando bien, mal o regular la política minera del país? Es decir, ¿se está beneficiando el país de esta política?

Álvaro Pardo: Los conflictos generados a partir de la ejecución de la actual política minera expresan claramente que ésta no responde al interés general de los ciudadanos. Y ello es así, porque desde que se aprobó la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, la política sectorial se orientó al desarrollo de grandes enclaves, desconociendo algunos mandatos de la Constitución Nacional, traslapando leyes que regulan aspectos conexos a la actividad, como las normativas ambiental, territorial, étnica y tributaria, generando privilegios injustificados, atropellando a las comunidades, violentando el territorio y excluyendo en la práctica a los pequeños y medianos mineros del país.

La reacción de las comunidades, las autoridades locales, la academia, algunos miembros del Congreso de la República y organizaciones sociales refleja la enorme inconformidad para con un sector invasivo que a la fecha ha incumplido con las promesas de desarrollo económico y bienestar social, tal como se demostró con cifras oficiales en los trabajos publicados por la Contraloría General de la República, CGR, en los dos volúmenes de la serie “Minería en Colombia”.

Que una comunidad ubicada en el área de influencia de un enclave minero viva en peores condiciones que antes de haber empezado la minería, o peor que una población donde la minería no es una actividad predominante o que vivan peor que los habitantes de poblados cocaleros es algo que debería tener pensando a los gobiernos. Pero no, los gobiernos, alegando cuestionables argumentos de riqueza, bienestar y oportunidades de empleo, continúan entregando el patrimonio natural de los colombianos sin control, ni planeación, y sin verificar siquiera que las regalías e impuestos que los concesionarios pagan por la extracción de los minerales compensan el agotamiento de los recursos naturales no renovables.

Los gobiernos extractivistas, los gremios y las empresas mineras se concentran en resaltar los enormes beneficios que recibe el país por concepto de inversión extranjera, impuestos y regalías, pero ese es un balance parcial de una actividad que sí se le restara el costo de los impactos ambientales, sociales, económicos locales, de salud y culturales, arrojaría un balance beneficio / costo negativo. No hay que olvidar que algunos de los impactos causados por la minería, especialmente a cielo abierto, son imprevisibles a priori e irreversibles o por lo menos no recuperables en edades geológicas.

Los costos en recuperar la salud de los habitantes vecinos a las minas, los daños en la infraestructura pública y la contaminación de las fuentes hídricas, entre otros, no se compensan con lo que las compañías pagan por impuestos y las regalías. Los impuestos son ínfimos, entre el 8 y 12% según los cálculos elaborados en la CGR como consecuencia de las deducciones, exenciones y descuentos autorizados, y las regalías las deducen de los impuestos, lo que significa que entregamos nuestros minerales a precio de ganga.

A esto hay que sumarle la enorme debilidad de la institucionalidad competente, es decir, los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Interior, DIAN y las CAR. Un informe publicado por la revista Semana revela conversaciones entre militares negociando títulos mineros1 y un portal de internet, Las2orillas.com2 señaló con nombre propio los políticos amigos del Presidente Santos beneficiados con concesiones para explotar minerales. Cuando el primer ministro de Minas de este gobierno, Carlos Rodado Noriega, dijo que Ingeominas era un foco de corrupción, anunció una importante reforma a la institucionalidad. La pregunta es ¿Qué cambió? El nombre de las instituciones.

En suma, por donde quiera que se mire el sector minero se observa un panorama desolador. Una política que favorece intereses privados, una riqueza natural que se evapora y deteriora, una economía que se reprimarizó, la maldición de los recursos que agobia a los habitantes de la periferia de los grandes enclaves mineros del país y una gran oportunidad perdida para el país.

D.: ¿Usted percibe que existe una desconexión entre Estado, inversionistas y ciudadanos? ¿Hay dentro del mismo gobierno unidad de criterios frente a la minería?

A. P.: Percibo una gran conexión entre los últimos gobiernos y las empresas mineras, y un gran abismo entre éstos y los ciudadanos, es decir, los dueños de los RNNR. Las normas están hechas para que el Estado perciba una renta fácil a costa del patrimonio natural de los colombianos, y las empresas se lucren sin mayor consideración por el entorno ambiental, social, económico, cultural y étnico que conforma el macro-sector minero.

La renta minera, una de las más bajas de América Latina, se diluye por los caminos de la ineficiencia del gasto, el despilfarro y la corrupción; por esta razón, el boom de precios de los últimos años pasó sin pena ni gloria, el país no puede hoy mostrar avances significativos en términos de bienestar de los ciudadanos, reducción de la inequidad, una mejor infraestructura pública, o en ciencia y tecnología. No obstante, los mayores ingresos por el boom de precios, la deuda externa del sector público pasó de US22.800 millones en el 2002 a US51.300 millones en el 2013. ¿Por qué el país se sigue endeudando? ¿Qué se hizo y en qué se invirtió la bonanza minera?

La bonanza minera quedó en manos de las mineras por muchas razones: a) Colombia no tiene un mecanismo para compartir con las compañías privadas las ganancias extraordinarias generadas por los altos precios del mercado internacional. b) Las compañías privadas venden los minerales a sus mismos comercializadoras internacionales, creadas en paraísos fiscales, a precios inferiores a las cotizaciones de mercado y con esos bajos precios, llamados de transferencia, liquidan sus impuestos y regalías en Colombia. c) El expresidente Uribe y el entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, bajaron a cero el impuesto de remesa de utilidades a las multinacionales mineras y aprobaron el más oneroso beneficio de que se tenga memoria en la historia tributaria del país: la deducción del 30% (subió hasta el 40%), por la compra de activos fijos. d) Se crearon los contratos de estabilidad jurídica, zonas francas para construir puertos mineros, la amortización en línea recta, y conformaron una institucionalidad tributaria incapaz de verificar las declaraciones de renta de estas compañías.

Muestra de esa desconexión son los referendos convocados en algunos municipios para prohibir la minería, como sucedió en Piedras (Tolima) y la extracción de hidrocarburos, como en Tauramena (Casanare), y a los gobernadores y alcaldes protestando contra el gobierno nacional que entrega títulos mineros en sus departamentos o municipios y después son las autoridades territoriales quienes deben hacer frente a los daños ambientales, los problemas de orden público y el desorden social que genera esta actividad.

Afortunadamente, la Corte Constitucional recién expidió la Sentencia C-123 de 2014, en la cual ordena que el Gobierno Central, antes de entregar un nuevo título minero, debe llegar a acuerdos ambientales, económicos y sociales con las autoridades territoriales. De esta forma se pone fin al centralismo excluyente y a un privilegio de la minería que le permitía pasar por encima de la Constitución Nacional y de la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial.

D.: En Colombia hay un conflicto evidente con la denominada pequeña y mediana minería. Una buena parte actúa en la informalidad, sin título minero ni licencia ambiental. Con relación al capítulo que usted escribió, ¿puede decirnos si la política de formalización adelantada por varios gobiernos, ha sido exitosa?

A. P.: Ninguno de los seis programas de legalización minera aprobados desde 1969 ha sido exitoso, por el contrario, han sido un rotundo fracaso, pese a los millonarios recursos que en esos planes se ha invertido: escasamente cuatro de cada cien mineros que expresaron su decisión de legalizarse lograron finalmente obtener un título minero.

El mapa de la minería se reconfiguró completamente en la década pasada tras la aprobación de la Ley 685 de 2001 y el alza de los precios de los minerales en el mercado internacional. Y hoy tristemente tenemos que reconocer que pese a esos programas de legalización, la informalidad e ilegalidad del sector continúan siendo el rasgo fundamental del sector, igual que en los dos últimos siglos.

Adicionalmente, el modelo vigente de minería se orienta al desarrollo de grandes enclaves, de manera que tampoco existe una genuina voluntad del Estado por legalizar a los pequeños y medianos mineros, y mientras se habla de legalizarlos, los persigue y condena como mineros criminales. El gobierno desconoce el mapa minero del país y su única alternativa es endurecer el código penal, adoptar normas para destruir la maquinaria, llenar la cárcel de pequeños y mediano mineros y acudir a medidas de fuerza para ponerle orden a una situación que generó y consintió por su misma negligencia.

Bajo el modelo de minería vigente no es posible encontrar solución definitiva a la informalidad e ilegalidad del sector. Seguirá el gobierno ensayando con programas de legalización, formalización o reglamentando los subcontratos mineros, pero mientras vea a los pequeños y medianos mineros como un estorbo a su modelo de grandes enclaves mineros. El único camino viable es reformar el modelo minero y mirar esta situación no desde la perspectiva del orden público, sino como un medio para corregir la inequidad social, generar oportunidades y promover proyectos de pequeña y mediana minería que cumplan con los estándares ambientales, técnicos y sociales de una minería útil para el país.

D.: Para muchas personas la minería es sinónimo de conflicto, pobreza, destrucción ambiental, saqueo. ¿Usted se opone a la minería? ¿Existe una manera de hacer correctamente minería? ¿Hay una fórmula en la cual el país gane con esta actividad?

A. P.: Lo más urgente hoy en día es que el Estado abra las puertas para que los colombianos podamos expresar y acordar que queremos hacer con nuestros recursos. Hoy la minería sirve a intereses particulares, a las grandes empresas mineras. Desde luego que hay políticas mineras que le sirven al país, ya hubo una política que tuvo la visión de hacer de la minería un instrumento para la industrialización de la economía, la generación de empleo, de bienes con valor agregado, de recursos para el Estado y las regiones productoras, lamentablemente esa visión se echó por la borda con la Ley 685 de 2001.

Ningún país minero o con minerales, logró dar un salto en términos de desarrollo económico y bienestar social sin una institucionalidad fuerte, con normas en favor de los ciudadanos y sus economías, con rentas mineras elevadas y su buen uso en ciencia y tecnología, sembrando la regalías en otros sectores de avanzada, etc. Todo ello es posible, pero no con gobiernos débiles, que invitan a los gremios y las empresas mineras a concertar la política para el beneficio de unos pocos.

D.: ¿Qué debería hacer el próximo presidente o presidenta de Colombia con relación a la política minero-energética?

A. P.: Declarar una moratoria minera y abrir las puertas para debatir y alcanzar un nuevo consenso alrededor del uso y aprovechamiento de la riqueza minera del país en favor de los ciudadanos, de la construcción de país y de la paz. La tarea comienza con el diseño de una nueva política minera que garantice la preservación del medio ambiente, el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, la planeación y dosificación de la explotación de los RNNR, en crear reservas minerales para los colombianos del mañana e invertir la renta minera en las bases de un nuevo país.

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1. Los tentáculos de la red. Revista Semana. 16 de febrero de 2014.

2. La feria de contratos en el computador de Palacio. Las2orillas. Febrero 2014.