Reforma tributaria, recomendaciones de la Ocde y el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia
La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso a finales de 2014, y en el 2015 ha sido centro de debate por varios de sus artículos.
A pesar de las recomendaciones de múltiples sectores, ni el Gobierno ni las mayorías en el Congreso tuvieron la voluntad de discutir temas importantes, como revivir el impuesto a las remesas, crear el impuesto a los dividendos o eliminar los beneficios tributarios, que contribuyen a una estructura tributaria regresiva en el país.
Cabe resaltar que esta reforma tributaria, contenida en la Ley 1739 de 2014, se caracterizó por la falta de debate y de consenso, pues hasta los mismos gremios expresaron sus críticas.
Durante la discusión de esta reforma, la Red por la Justicia Tributaria en Colombia elaboró un documento para analizar los beneficios tributarios en el impuesto de renta, con el fin de mostrar cuáles han sido sus determinantes técnicos y su impacto fiscal. Así, basados en este documento y en lo aprobado por parte del legislativo se concluyó que la reforma:
• No estuvo encaminada a la reducción de la desigualdad, sino simplemente a llenar un ‘hueco’, que se abrió por cuenta de la reforma tributaria de 2012 y por la crisis económica que atraviesa el país.
• No hubo discusión sobre la conveniencia o no de mantener 89 tipos diferentes de beneficios tributarios en renta, a sectores cuyo aporte al desarrollo del país es cuestionable, como los sectores minero y financiero. El costo fiscal de estos beneficios suman $9,2 billones al año.
• A pesar de la experiencia internacional, esta reforma no tuvo en cuenta la creación de impuestos que se deben cobrar a los más ricos, como lo son el impuesto a los dividendos y el impuesto a las remesas.
• A pesar de las voces de protesta, incluso desde el mismo Congreso, no hubo discusión seria sobre la eliminación de las exenciones en regalías en el pago del impuesto a la renta, por lo cual a las multinacionales se les devuelve lo que pagan en regalías.
A esta reforma tributaria se le suma el comportamiento del recaudo tributario en Colombia durante 2014. Impuestos como renta y CREE crecieron al 6 %, mientras que impuestos indirectos y regresivos que recaen sobre todo el grueso de la población como el IVA y similares crecieron un 12,5 %. Teniendo en cuenta el comportamiento del impuesto a la renta y el IVA, se observa que mientras el primero cae un 15,1 % en su recaudo, el segundo crece a una tasa superior del 11 %, profundizando así la desigualdad en el país a raíz de políticas encaminadas al favorecimiento de las grandes empresas reduciéndoles impuestos, a cambio de gravar la canasta familiar como ya se hizo en 2012, lo que demuestra el grado alarmante de la improvisación tributaria en el país cada vez que se anuncia un reforma estructural. La situación regresiva de la estructura tributaria en Colombia, además, va en la dirección de las recomendaciones de la OCDE, las cuales están en favor de los monopolios y los especuladores financieros.
La OCDE, organización a la cual el gobierno de Juan Manuel Santos pretende hacer ingresar al país, ha recomendado medidas “para que el sistema tributario resulte más favorable a la inversión”, como afirma el organismo. Según este, Colombia cuenta con “elevadas tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas”. Para ello, la OCDE recomendó “reducir las tasas impositivas y ampliar la base tributaria”, es decir, que los más ricos paguen menos y más contribuyentes compensen esta reducción, desconociendo el costo de $ 9.2 billones, producto de otorgar casi 90 beneficios tributarios al gran capital.
De igual forma, la OCDE ha pedido ampliar el IVA y aumentar las tasas “aplicables a los bienes De igual forma, la OCDE ha pedido ampliar el IVA y aumentar las tasas “aplicables a los bienes.
A pesar de aplicar la Ley 1739 de 2014, para financiar el presupuesto de los próximos 4 años, el Gobierno presentó, en sus bases, un Plan Nacional de Desarrollo desfinanciado en aproximadamente $90 billones, producto de la caída de los precios internacionales del petróleo y otras materias primas. Dentro del Proyecto de Ley el Gobierno realizó un ajuste por $86.2 billones reduciendo lo que se había presupuestado inicialmente para el cuatrienio, pasando de $790.1 billones a $703.9 billones. Pero más grave que la reducción de lo inicialmente planeado, están las modificaciones en los rubros, de los cuales el más afectado fue movilidad social, que tuvo una reducción de más de $70 billones, seguido por el de competitividad e infraestructura estratégica (clave para el desarrollo de cualquier país) en $53.87 billones; pero que subió en rubros como seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz, en más de $31 billones.
Adicionalmente, preocupan las fuentes de financiación de este Plan del Gobierno, ya que, según sus estimaciones, el 34.23 % del Plan lo financiará el sector privado. ¿Qué le garantiza al Gobierno que realmente el sector privado va aportar los más de $240.9 billones como se tiene presupuestado en el Proyecto de Ley, si se continúa en una senda de merma en los precios internacionales de las materias primas, una industria convaleciente, un sector agropecuario débil y un país lleno de importaciones?
Adicionalmente, preocupan las fuentes de financiación de este Plan del Gobierno, ya que, según sus estimaciones, el 34.23 % del Plan lo financiará el sector privado. ¿Qué le garantiza al Gobierno que realmente el sector privado va aportar los más de $240.9 billones como se tiene presupuestado en el Proyecto de Ley, si se continúa en una senda de merma en los precios internacionales de las materias primas, una industria convaleciente, un sector agropecuario débil y un país lleno de importaciones?
