Home Destacados Ley de licores de Santos: emboscada a la industria licorera nacional

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El sector de licores en Colombia se ha constituido como un monopolio público debido a la importancia económica y social de las empresas estatales de este sector. La competencia ha estado fuertemente regulada con el fin de proteger la transferencia, de recursos de las industrias licoreras públicas a los departamentos, destinados a salud y educación, a través de utilidades empresariales e impuestos. A pesar de la relevancia social y el valor empresarial de la industria licorera nacional, el presidente Juan Manuel Santos, a través del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, presentó un proyecto de ley que busca adecuar el sector a los intereses de las transnacionales, acatar las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE e ir más allá de lo pactado en los Tratados de Libre Comercio.

La función económica y social de las industrias licoreras estatales está en riesgo al abrirse la posibilidad de que se desmonte el monopolio de licores y se dé paso a un sistema de libre competencia. En este escenario, las empresas pú- blicas se enfrentarían a poderosos grupos empresariales extranjeros, dueños de tradicionales productoras de whisky en Reino Unido y fabricantes de champañas de lujo en Francia, hasta cervecerías locales en Tanzania y Etiopia o industrias licoreras regionales en Turquía, Vietnam, Guatemala, y Brasil.

 

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El mercado mundial de licores se distribuye en 3 grandes categorías: cervezas, vinos y licores destilados o espirituosos (spirits) que incluyen productos como whisky, vodka, tequila, ron, aguardiente, ginebra, baijiu, cachaza, brandy, coñac, etc.

La diferencia de los patrones de consumo entre los habitantes de los países -consolidados a partir de la cultura nacional o regional y a las normas que regulan esta área- ha propiciado que el mercado de licores se base en la participación de miles de empresas alrededor del mundo. Por esta razón, las grandes compañías internacionales han optado por constituirse en compañías multi-domésticas, es decir, ser propietarias de decenas de empresas locales, más que en consolidar una sola marca o una gama limitada de productos. De acuerdo al International Center for Alcohol Policies (2006), hace una década existían aproximadamente 900 empresas de producción de destilados en el mundo. La gran mayoría de ellas producen licores locales, que significan en el caso de algunos países la mayor parte de su consumo. Por ejemplo, en China, el 99% del consumo es de productos locales, en Rusia el 94%, en Tailandia el 92%, en Brasil el 89% y en India el 75%.

Escapando en parte a la lógica neoliberal, la producción global de licores no es exclusiva de las empresas privadas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 15% de los países del mundo existe monopolio del Estado sobre la venta y comercialización de licores. Dicho monopolio ha sido establecido con dos propósitos: 1) garantizar la calidad de los licores a través de la producción directa del Estado, salvaguardando así la salud de los ciudadanos, y 2) evitar la evasión tributaria de las compañías particulares, asegurando el recaudo efectivo de impuestos por parte de las empresas públicas. Ejemplos de monopolio estatal se encuentran alrededor del mundo; en 20 estados de Estados Unidos1 y 4 provincias de Canadá2, los gobiernos controlan el ingreso de alcoholes. Por su parte, Suecia, Noruega y Finlandia vigilan la importación y comercialización de licores, manteniendo estas actividades en control de empresas estatales3. De hecho, la principal empresa de licores en Finlandia, Altia, es propiedad de la nación, emplea a 987 personas y obtiene utilidades anuales promedio de 29 millones de euros ($93.000 millones de pesos colombianos).

a6 Según la consultora Xerfi Global (2010), en 2009 las ventas de los 10 principales productores de licores y cervezas del mundo alcanzaron los 95.000 millones de euros (aproximadamente 345 billones de pesos colombianos), los mismos recursos que el Producto Interno Bruto de países como Yemen, Serbia o Croacia. Combinados, los empleos directos e indirectos que este sector genera, en Europa ascienden a 3 millones y en Estados Unidos solo la industria de la cerveza, mantiene ocupados a 1,7 millones de personas (International Center for Alcohol Policies, 2006).

La tendencia en los últimos años del negocio de licores ha sido la concentración en pocos y poderosos grupos empresariales. La compra de la cervecera SAB Miller (que había adquirido a la colombiana Bavaria en 2005) por parte de la Belgo-Brasilera Anheuser-Busch InBev, supone la tercera fusión empresarial más grande de la historia. 1 de cada 3 cervezas que se venden en el mundo pertenece a esta compañía y más del 99% del consumo de esta bebida en Colombia se da por cuenta de la trasnacional.

En el caso de la venta de licores destilados, si bien el nivel de concentración es menor, las 5 principales empresas del sector controlan más del 50% del total de las ventas. La británica Diageo y la francesa Pernod Ricard han dado pasos agigantados en la compra de compañías alrededor del mundo. Según Xerfi (2010), estas multinacionales le apuestan a las fusiones y a las adquisiciones para ganar acceso a nuevos canales de distribución, diversificar fuentes de utilidades, incrementar el poder de negociación (con gobiernos y agentes del negocio), reducir la competencia y disminuir los costos de producción, distribución y mercadeo.

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Según Ipsos (2013), los mercados emergentes se han convertido en esenciales para las grandes compañías de licores a raíz de la parálisis e incluso disminución del consumo de licores en los países desarrollados. De acuerdo a esto, el International Center for Alcohol Policies (2006) ha asegurado que en las próximas décadas paí- ses como Colombia, Perú, México Turquía, los países balcánicos, Republica Checa, Polonia y algunos países africanos, serán el centro de atención de las grandes compañías transnacionales. En estos países, sin embargo, a pesar del acceso cada vez mayor de licores de talla mundial, continúa la preferencia por los productos locales.

Así las cosas, la ruta para las trasnacionales parece ser la tomada en México, donde según Jornada (2013) “en menos de 15 años, empresas emblemáticas como Tequila Cazadores, Sauza, Viuda de Romero, Herradura y hasta una parte de José Cuervo, pasaron a manos de transnacionales como Bacardí, Pernod Ricard, Brown Forman Corporation o Diageo”. El diario alertó que “la llegada de capital internacional a una industria que permanecía como joya en las tradiciones nacionales también ha incrementado la demanda y, por ello, también la oferta con productos que no siempre reúnen la calidad necesaria ni la cantidad del alma de la bebida, el agave.”.

Como se observa, las grandes compañías necesitan mantener productos locales al mismo tiempo que incrementan el acceso a los licores de talla internacional. Los patrones de consumo nacionales no cambiarán totalmente, por lo que estas empresas adquieren marcas locales con el objetivo de mantenerlas y obtener importantes utilidades.

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El acceso y mantenimiento en los mercados por parte de las grandes compañías no se ha dado siempre en el marco de la legalidad, por lo que no han sido ajenos los casos de corrupción para evitar cumplir las leyes, evadir impuestos e incrementar utilidades.

En 2009, el periódico británico The Guardian denunció que Diageo estaba evadiendo sistemáticamente el pago de impuestos en Reino Unido, dejando de pagar anualmente unas 100 millones de libras esterlinas. En 2010, la subsidiaria de Diageo en Argentina, fue acusada de comercializar a través de testaferros productos a menor precio y de sobornar a distribuidores. En 2011, la U.S. Securities and Exchange Commission del gobierno de los Estados Unidos acusó a Diageo de realizar cientos de pagos ilícitos y sobornos a miembros de gobiernos en Corea del Sur, India y Tailandia, con el fin de obtener más ventas y beneficios tributarios; la empresa aceptó los cargos y pagó 16 millones de dólares en multas. En 2015, la compañía admitió que había evadido el pago de impuestos en Corea de Sur y acordó pagar entre 181 y 272 millones de dólares, cantidad que habría dejado de tributar.

Pernod Ricard, la segunda productora de licores del mundo (Absolut Vodka, Ballantine´s, Beefeater, Havana Club, Olmeca, etc.), fue multada por la unidad de impuestos de Corea del Sur por 7 millones de dólares por evasión tributaria y fue acusada en Polonia de maltratar a los accionistas minoritarios en la empresa local de vodka Agros. De igual forma, Brown Forman Corporation (Jack Daniel´s y otros) fue implicada en 2012 en un caso de soborno en China, entre otros casos de corrupción de las grandes compañías de licores.

De hecho, 23 departamentos y la República de Colombia demandaron a Seagram, Diageo y Pernod Ricard por haber “dirigido, administrado y controlado un esquema criminal para competir de manera sucia (…) vendiendo premeditadamente sus productos dentro de canales ilegales y recibiendo pagos en la forma de ingresos de lavado por la venta de narcóticos y otras actividades criminales para obtener una ventaja competitiva sobre los demandantes, y así sacarlos de su negocio legítimo, para monopolizar mercado” (Semana, 2008).

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Con el objetivo de fortalecer las rentas departamentales, transferir recursos a la salud y educación y generar dinamismo económico en las regiones, el sistema de licores en Colombia desde 1905 es un monopolio del Estado sobre la producción, introducción y venta de licores. Dicho reconocimiento se elevó a norma constitucional, al quedar establecido en el artículo 336 de la Constitución Política de 1991 que los monopolios se establecerían como generadores de rentas para los departamentos con una finalidad de interés pú- blico o social y que cuando las rentas se obtuvieran por este monopolio, estarían destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.

En plata blanca, el monopolio ha significado que los departamentos han sido los encargados de determinar qué productos ingresan a sus territorios con el fin de darle un trato especial a la industria pública. Esto ha implicado que el mercado nacional de licores ha estado por fuera de la órbita de la libre competencia, ya que se concibió como un monopolio público con una clara finalidad social: aportar recursos para salud y educación a través de las utilidades empresariales y los impuestos de los productos e impulsar la actividad industrial, la generación de empleos de calidad y la dinamización de las economías regionales.

Este sistema ha generado que la renta de licores se haya convertido en el principal renglón de ingresos corrientes de los departamentos. En el año 2014, el impuesto al consumo de licores aportó $1,5 billones a los departamentos y las cervezas $1,2 billones. El 91, 6% del recaudo de impuesto al consumo de licores se dio por licores nacionales, recursos a los que se les deben sumar las utilidades empresariales de las licoreras públicas, del orden de $400.000 millones de pesos, y los $300.000 millones de IVA con destinación exclusiva a salud. Esto implica que en impuestos, IVA y utilidades, el monopolio estatal de licores aporta anualmente más de $2 billones de pesos a las finanzas de los departamentos.

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En contravía del aporte público, los licores extranjeros, a pesar del crecimiento que pregonan multinacionales e importadores, solo han aportado el 8,4% del total del recaudo de impuestos. De esta manera, se demuestra que ha sido más rentable para el país el recaudo de impuestos de las empresas públicas del sector y además que en las regiones donde aún funcionan industrias licoreras estatales (Antioquia, Cundinamarca, Valle, Caldas, Tolima y Cauca), el beneficio social y rentístico ha sido mayor.

De acuerdo a Pabón (2016): “los 6 departamentos con mayores recursos de esta renta son los que aún conservan sus empresas de licores (…) Es de anotar que estos 6 departamentos (incluyendo Bogotá D.C), recaudan el 68,2% del total de la renta, y los otros 26 departamentos apenas el 31,8%, a pesar de que su población es la mitad del país (47,3%). No es cierto que los departamentos que solo funcionan con el sistema de distribuidores de licores obtienen los mismos beneficios impositivos; porque está demostrado que sus ingresos son menores, aunque tengan consumos más elevados.”.

Hoy, las licoreras estatales generan directamente 1.500 empleos y dinamizan los sectores del azúcar, cartón, envases, etiquetas, esencia de anís, vidrio y transporte, además del empleo en labores administrativas y el uso de servicios públicos domiciliarios.

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El proyecto de ley de licores presentado por el gobierno a finales de 2015, será el tercer intento de Juan Manuel Santos por adecuar el sector de licores al beneficio de las grandes compañías multinacionales del sector. En 2002, como Ministro de Hacienda de Andrés Pastrana presentó una iniciativa que tuvo que retirar por falta de apoyo político y en 2015, por unanimidad, el Congreso de la República decidió eliminar los artículos relacionados con el sector de licores del Plan Nacional de Desarrollo.

Han precedido la presentación de este proyecto de ley, los reclamos de la Unión Europea por una supuesta discriminación a sus licores y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó- mico-OCDE. En 2015, Matthias Jorgensen, jefe de la Unidad para América Latina de la Dirección de la Comisión Europea, ordenó al gobierno colombiano reducir los impuestos a los licores extranjeros y desmontar el monopolio estatal en este sector. Por su parte, la OCDE en 6 recomendaciones señala que “se sigue discriminando entre los licores importados y los licores producidos localmente [y] una disminución en el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas importadas en Colombia podría aumentar los ingresos fiscales del gobierno por la venta de licores” (2014).

Bajo este marco, el gobierno ha presentado presurosamente un proyecto con dos líneas gruesas: la reducción de impuestos a importados para ampliar acceso de los productos de las trasnacionales y la eliminación de los monopolios públicos, imponiendo la libre competencia. De esta forma, el gobierno recoge los objetivos de los grandes productores mundiales: abrir completamente el mercado a los licores de talla internacional y debilitar la industria nacional para que las empresas públicas no tengan otra opción que ser absorbidas por las grandes multinacionales.

Como forma de justificar la disminución de impuestos a los licores extranjeros, el gobierno alega que existe discriminación en el cobro de impuestos a los productos foráneos, y que en cumplimiento de los TLC, la discriminación debe cesar. La tarifa del Impuesto al Consumo que se cobra en Colombia desde 2002 no discrimina entre licores nacionales y extranjeros. Existe una diferenciación en el cobro fijada por criterios de salud, ya que los licores de más de 35 grados pagan un mayor impuesto ($502 pesos por grado alcoholimétrico) y los de menos de 35 grados una tarifa menor ($306 pesos por grado alcoholimétrico). Esta medida pretende desestimular el consumo de licores con base en precios elevados (en especial entre los jóvenes), tal como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud-OMS. De hecho, una ginebra o un vodka producidos por una industria licorera nacional pagan la misma tarifa que un producto extranjero de este tipo al tener los mismos grados alcoholimétricos.

La nueva fórmula para cobrar el impuesto al consumo plantea el pago de $200 pesos por grado alcoholimétrico (sin distinción entre licores mayores o menores de 35 grados) y una tarifa del 25% del precio de venta de la botella de licor. De acuerdo a cálculos de Pabón (2015), el efecto de la nueva fórmula sería neutro en aguardientes, incrementaría el recaudo en rones en $21.500 millones y en licores de más de 35 grados, disminuiría en $6.500 millones. De esta manera, los licores extranjeros pagarán menos impuestos, con lo que disminuirá el costo de sus productos, se reducirá el precio de venta y tomarán parte del mercado que tienen hoy los licores nacionales. Así lo reconoce un estudio realizado para Diageo Colombia (Afanador & Joya, 2013), en el que se señala que “Diageo se encuentra ante una gran oportunidad al recibir esta preferencia arancelaria, que podría ser asumida de diferentes formas: ya sea marginando a un más alto nivel, o reflejando estas preferencias en un menor precio al consumidor, logrando así que sus productos sean aún más asequibles de lo que son hoy en día y posiblemente tomando parte del mercado que actualmente tienen los licores nacionales como rones y aguardientes.”.

El desmonte del monopolio estatal planteado en el proyecto, aparte de ser inconstitucional, es altamente contraproducente para las regiones y para el conjunto de la nación. Se busca que las Asambleas Departamentales otorguen permisos por un lapso de 10 a 20 años a cualquier particular (nacional o extranjero) para producir licores. El otorgamiento de licencias a particulares transformaría totalmente el modelo vigente, pasando a un sistema de libre competencia, en el que las licoreras estatales deberán competir contra gigantes como Diageo y Pernod Ricard con valores de mercado de 71.000 millones de dólares y 32.500 millones de dólares respectivamente y que invierten en publicidad y mercadeo más de 1.000 millones de dólares al año, más de lo que gastan en salarios.

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El proyecto de ley de licores de Santos pretende acabar las industrias licoreras estatales, con lo que las rentas departamentales se verán seriamente afectadas ya que el recaudo de impuestos disminuirá notoriamente y las utilidades no serán destinadas a salud y educación sino que serán redistribuidas entre los propietarios de la producción de licores.

Importadores y multinacionales como Diageo y Pernod Ricard, investigadas por un tribunal de Nueva York por contrabando y lavado de activos en Colombia, verían incrementadas sus utilidades al tomar una porción importante del mercado nacional e incluso tener la posibilidad de tomar el control de las licoreras públicas.

Se requiere una amplia unidad de gobernantes, empresarios, trabajadores y ciudadanía en general, para evitar que tengamos que afrontar el cierre de otras 6 empresas públicas.

Defender las licoreras es defender el patrimonio público de todos los colombianos.

 

Referencias

1. Ipsos. (2013). Drinking to the Future Trends in the Spirits Industry.

2. Vinexpo. (2013). The World Wine and Spirits Market with a Look Forward to 2016.

3. Xerfi Global. (2010). World Alcoholic Beverages Companies.

4. Menezes, Iván. (2013). Increasing Our Presence in the Emerging Markets.

5. Jerniga, David H. (2008). The Global Alcoholic Industry. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

6. International Center for Alcohol Policies. (2006). The Structure of the Beverage Alcohol Industry.

7. Pabón, Hernán Vicente. (2014). Análisis de la propuesta “régimen propio del monopolio como arbitrio rentístico de licores destilados y alcoholes”.

8. Forbes. (2016). The biggest public companies. Recuperado el 23 de febrero de 2016 de: http://www.forbes.com/global2000/list/#search:pernod.

9. The Guardian. (2009). Going Dutch. Recuperado el 23 de febrero de 2016 de: http:// www.theguardian.com/business/2009/feb/02/tax-gap-diageo-johnnie-walker.

10. Korea Times. (2014). Pernod Ricard fined W10 bil. for tax evasión. Recuperado el 26 de febrero de 2016 de:

11. http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2014/10/123_166095.html.

12. U.S Securities and Exchange Comission. (2011) SEC Charges Liquor Giant Diageo with FCPA Violations. Recuperado el 21 de febrero de 2016 de: https://www.sec.gov/news/ press/2011/2011-158.htm

13. Semana. (2008). Por lavado de activos tres de las más grandes productoras de licores del planeta generaron perjuicios comerciales a Colombia. Recuperado el 25 de febrero de http://www.semana.com/on-line/articulo/por-lavado-activos-tres-mas-grandesproductoras-licores-del-planeta-generaron-perjuicios-comerciales/90744-3

14. La Jornada. (2014). En menos de 15 años tequileras del país pasaron a manos extranjeras. Recuperado el 22 de febrero de 2016 de: http://www.jornada.unam. mx/2014/12/27/estados/024n1est

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1. Alabama, Idaho, Iowa, Maine, algunos condados de Maryland, Michigan, algunas municipalidades de Minnesota, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, algunas municipalidades de South Dakota, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia y Wyoming.

2. Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia.

3. Systembolaget en Suecia, Vinmonopolet en Noruega y Alko en Finlandia.

 

 

 

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