Ley de cine: A la medida del capital financiero y las trasnacionales del audiovisual

Son numerosas las industrias culturales que no solo se lucran por la venta de sus producciones culturales, sino también por la gran cantidad de fondos que invierten en negocios de especulación financiera. Por ejemplo, en el año contable 2011-2012 la empresa The Walt Disney Company, produjo rendimientos por 13.977 millones de dólares provenientes de actividades financieras, dentro de las cuales figuraban cobros a préstamos otorgados a entidades bancarias o la compra de papeles comerciales con los cuales Disney se subrogaba en el papel de acreedor frente a deudas que contrajo el gobierno estadounidense con particulares. Esto mismo sucede con la empresa Sony para la que se registran en el año contable, iniciado el 1 de Marzo del 2011 y finalizado el 1 de Marzo de 2012, disminución de las ganancias  en todos los sectores de producción (música, venta de bienes manufacturados, de productos y servicios) en comparación con el año contable anterior, a excepción del sector audiovisual y  de rentas generadas por actividades financieras. Para este mismo periodo contable, las ganancias totales de Sony fueron de 79.168 millones de dólares, de las cuales el 13% corresponden a lo retribuido por actividades especulativas, generadas por su filial Sony Financial Holdings, en materia de aseguramiento a personas y bienes y, en actividades bancarias.

Dada la importancia que tiene para estas empresas asegurar los beneficios obtenidos por la venta de sus bienes y servicios, pero principalmente por la especulación con gigantescas sumas de capital, es necesaria la implementación de una ley promulgada en el territorio nacional que materialice los beneficios consagrados a favor de la industria audiovisual extranjera en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Es realmente por esto, que el 11 de julio de 2012, el presidente Juan Manuel Santos sanciona la Ley 1556, presentada nueve meses antes por el senador Carlos Ferro, del partido de la U, que busca, como lo dice en su exposición de motivos, fomentar el uso del territorio nacional para la producción cinematográfica.

La Ley destina para tal fin, 25 mil millones de pesos que provendrán del presupuesto general de la nación, más lo proveniente de los derivados de la especulación financiera, las donaciones, transferencias y los aportes de cooperación internacional. Estos recursos, reposarán en el Fondo Fílmico Colombia, también creado por la Ley y serán administrados por el Comité Promoción Fílmica, compuesto por 7 personas de las cuales 6 serán elegidos por el Presidente y estará presidido por el Ministro de Comercio Industria y Turismo. Dicho comité, podrá entregar la administración del fondo a una entidad fiduciaria, como Fidubogotá, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, la misma a la que el presidente Santos le otorgó la licencia de administración del proyecto de las 100 mil viviendas,  que celebrará los contratos con los productores una vez sus proyectos sean aprobados. Además de las ganancias por la intermediación, la fiduciaria estará habilitada para utilizar los recursos del fondo en operaciones financieras que la Ley en cuestión no regula, dejando la puerta abierta a la especulación con dineros provenientes de los impuestos que pagamos los colombianos, especulación que en el caso de Ecopetrol causó desde 2004 pérdidas del patrimonio público de 1,23 billones de pesos.

Así mismo, la Ley establece contraprestaciones que provendrán de los recursos del Fondo Fílmico Colombia a proyectos cinematográficos extranjeros y nacionales, equivalentes al  40% de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos y al 20% en gastos de hotelería, alimentación y transporte. Para acceder a dichos recursos, el productor deberá invertir en el proyecto una suma de  1800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (alrededor de $1.020,000.000) como mínimo. Si se tiene en cuenta que las producciones extranjeras superan los 250 millones de dólares, queda claro que para productores internacionales el monto mínimo de inversión no representa gran cosa, en cambio, para los nacionales se convierte en la principal barrera de acceso, ya que no permite el desarrollo del cine colombiano, pues a las contraprestaciones solo podrán acceder las grandes productoras que se asocien con las productoras extranjeras. Estas contraprestaciones materializan la figura del Trato Nacional , contemplada en el TLC firmado con Estados Unidos, un trato igual o mejor a empresas Norteamericanas que a las Colombianas,  que representa un ataque a las diferentes empresas nacionales que en su gran mayoría no  tienen el músculo financiero de las empresas extranjeras, como sucede en el caso del cine.

En este contexto, el trabajo de los colombianos es el principal incentivo que Santos ofrece a la inversión extranjera. La mano de obra colombiana, a muy bajo costo, es un atractivo para las grandes productoras internacionales, principalmente las norteamericanas, que buscan por causa de la crisis mundial abaratar costos de producción. La Ley Locación Colombia “obliga” a las productoras extranjeras y locales a garantizar el cumplimiento de los derechos y prestaciones sociales que la legislación Colombiana exige a cualquier empleador. Desafortunadamente,  la legislación laboral en Colombia se caracteriza por ser blanda con las multinacionales y dura con sus trabajadores. Esta legislación facilita la tercerización mediante cooperativas de trabajo asociado que permiten a empresas transnacionales evadir su obligación de aseguramiento y el pago adecuado del salario de sus trabajadores. Dada la permisividad del presidente Santos , los trabajadores colombianos reemplazarán la costosa mano de obra estadounidense que en la industria audiovisual de ese país, gana un 26% más que el promedio de salarios en otros sectores de la economía, según un informe de 2009 de la MPA (Motion Picture Association of America), con la salvedad de que la mano de obra colombiana que entrará a hacer parte de estas producciones no será precisamente la de actores o directores de arte, sino la de “toderos” o acomodadores que ayudarán a cargar y descargar reflectores, luces y equipamiento en general.

Es así como Santos aumenta la brecha que separa a nuestra industria de la estadounidense; en vez de acortar distancias, las alarga. La competencia desigual entre el cine nacional y el extranjero radica principalmente en el desarrollo industrial y tecnológico que en el exterior se ha alcanzado, los altos grados de inversión con los que cuenta y la protección que países como Estados Unidos han otorgado a sus industrias culturales. Pero además de esto, la competencia reside en el reconocimiento que el personal artístico, técnico y de producción ha alcanzado a nivel mundial. Teniendo en cuenta que la Ley permite el acceso de personal extranjero vinculado a la producción cinematográfica sin necesidad de que se les expidan visas de trabajo, ¿le creeremos el cuento a Santos de que Hollywood reemplazara a sus actores y directores mas taquilleros por los criollos?

A un prospecto de industria, que por falta de apoyo e incentivos andaba en silla de ruedas, Santos le hace zancadilla. Su gobierno renuncia a la autonomía que tenemos los colombianos de forjar y preservar nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio audiovisual, a la oportunidad de construir una industria cinematográfica que genere empleo e incentive la producción industrial y el avance tecnologico en el país. En este sentido,  Juan Manuel Santos demuestra continuar y profundizar la política de Álvaro Uribe. La prosperidad democrática del presidente Santos se basa en el mismo principio que la confianza inversionista del expresidente: lo ancho para afuera y lo angosto para adentro. Muestra de esto, es lo ocurrido con el fondo de capital privado “Two Oceans Pictures”, que pertenece a la empresa RCN Cine & Ennovva Films, que destinará un presupuesto de 30 a 40 millones de dólares anuales únicamente a producciones hechas en inglés, y que como dice su gerente Julián Giraldo “no necesariamente tendrán que rodarse en Colombia”, podrá lucrarse del presupuesto que el gobierno colombiano destine para la Ley de Cine, al igual que lo hará, dicho también por Giraldo, con el dinero de los fondos de pensiones de los colombianos.

Es preocupante que el dinero que podría invertirse en el subsidio o impulso de las miles de iniciativas de cineastas colombianos, esté destinado a subsidiar las producciones a los extranjeros, que además, en el caso de las industrias estadounidenses terminan realizando, gracias a esta Ley de Cine, sus producciones a precios inimaginablemente bajos pues reciben préstamos a cero pesos de interés en su país para la realización de un proyecto y, al venir a Colombia, se les paga por más de la mitad del costo de su realización.

La Ley 1556, no solo desecha cualquier posibilidad de financiación      que       realmente impulse la producción de cineastas colombianos sino que ademas,  disuade la capacidad de creación e imaginación de nuestros artistas, pues reduce en gran medida la participación de profesionales colombianos en la industria cinematográfica del país. Culpa de esto la tiene la reglamentación de la Ley de Cine que de manera vulgar, define como producción nacional un corto o largometraje en el que participen únicamente para el sector artístico, dos actores y dos editores montajistas y para el sector técnico, un maquillador y un ambientador, haciendo pasar una producción que en esencia es extranjera, como producción nacional. De esta manera Juan Manuel Santos engaña a los colombianos haciéndoles creer que con su Ley, aumentará exponencialmente la producción de cine y enriquecerá la cultura nacional, mientras que lo que fomenta es la producción y la cultura extranjera en territorio nacional.

Con esta iniciativa Santos no soluciona, ni la falta de recursos para la producción cinematográfica o audiovisual, ni los diversos problemas en la distribución o comercialización de dicha producción, ni mucho menos el monopolio que caracteriza a la exhibición de cine, en la que 4 exhibidoras de 51 existentes en Colombia concentran el 70.6% de la exhibición y en donde solo Cine Colombia S.A concentra el 36.9% según un estudio realizado por el Ministerio de Cultura para el año 2011. Su ley solo le abre las puertas a la industria extranjera para desaguar su crisis en Colombia, poniendo a disposición no solamente mano de obra barata sino también recursos públicos que serán destinados al goce y disfrute de quienes detentan el control de la industria del entretenimiento alrededor del globo.

Ardua pero necesaria, será la tarea a la que tendremos que darnos para lograr reversar esta legislación cultural que quiere imponer el gobierno nacional, que deja a la deriva al sector nacional de cineastas y da prioridad a la inversión extranjera, que no le dejara réditos al país y, que dadas estas gabelas, aprovechará los recursos que se les ofrecen en bandeja de plata, nos impondrán temáticas y contenidos ajenos a nuestra realidad y realizarán producciones a su antojo con el presupuesto que debería ser invertido en los colombianos. Será entonces necesario que no solo los cineastas sino también los artistas afectados por estas políticas se movilicen y exijan la implementación de una legislación que propicie el desarrollo de una industria cultural capaz de generar empleo y de impulsar otros sectores industriales y de una cultura propia, que permita a los artistas desarrollar libremente su profesión sin el temor de no poder ejercer dadas las condiciones y las pocas oportunidades que se les brindan y a Colombia de disfrutar de una cultura que sirva a la educación y al avance de gente.