Home Destacados Editorial: Lo que se hace con los dineros públicos

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Enrique A. Daza G.

Director Deslinde

El Gobierno colombiano ha llamado a economizar energía y está próximo, con un enorme aumento de aproximadamente tres puntos en el IVA, a apretar severamente el cinturón de los pobres y las capas medias. Los actuales recortes al presupuesto afectan principalmente el gasto social, impiden el fomento productivo y se proyecta la idea de que Colombia es un país en quiebra, con enormes déficits comercial y fiscal, lo que impide subir el salario a los trabajadores tan siquiera para compensar el aumento en el costo de vida, que por lo demás, se disparó durante el primer trimestre del año. Si a eso se le suman los ingentes gastos que requerirá la implementación de los acuerdos de paz, el horizonte no puede ser más desalentador.

Sin embargo, hay una serie de hechos económicos que plantean serios interrogantes sobre las finanzas públicas y la conducta gubernamental. Hace muy pocos años y durante el gobierno de Juan Manuel Santos, los directivos de Saludcoop encabezados por Carlos Palacino fueron acusados por el desvío de 1,4 billones de pesos, que todavía no se sabe dónde fueron a parar. Para intentar superar la situación, los afiliados de esta EPS fueron trasladados a Cafesalud; allí los esperaba un personaje que pasó de interventor en Saludcoop a presidente de Cafésalud y que tuvo que salir de esta última entidad acusado de corrupción. Más allá de los detalles de los fraudes, lo importante es que el Gobierno a través del Ministro de Salud ha hecho todo lo posible por esconder la magnitud de los delitos, salvar a los implicados y en lugar de rectificar la estructura de las instituciones que se prestaron para ellos, aprovechar para ofrecerla en venta, seguramente a empresarios extranjeros. Muchos millones de recursos de la ciudadanía se han perdido, sin contar los sobreprecios en las compras de medicamentos y otras irregularidades.

Otro escándalo que pretende ser ocultado es el de la Refinería de Cartagena, Reficar, donde se han denunciado sobrecostos de 4 mil millones de dólares, sin ninguna explicación satisfactoria, con participación directa y prolongada del Ministro de Hacienda. Esto significa un poco más de 12 billones de pesos, que le arrebataron a la empresa que más recursos aporta al erario público.

La venta de Isagén en una subasta de un único oferente supuso la reducción de los ingresos de la Hacienda Pública en por lo menos por 1,2 billones de pesos (400 millones de dólares) y posibles pérdidas futuras adicionales por el descuadre de las finanzas públicas. Si a esto le añadimos el desguace de Ecopetrol, la venta de La Previsora, de Propilco y otras empresas que están en oferta, las pérdidas serán mayores.

El escándalo de los “papeles de Panamá” puso de presente que el Gobierno no ha hecho nada para identificar y exigir a los dueños de las grandes fortunas que se mueven allí (muy superiores a los 14 mil millones de dólares) que cancelen los impuestos a que están obligados. Otra fuente de pérdidas para el país es embarcarlo en unos tratados de libre comercio, que al producir inevitablemente déficit comercial, obligan a endeudarse o privatizar, lo que significa menos riqueza para los colombianos sin contar con las demandas que han comenzado a entablar multinacionales contra el país argumentando limitaciones a la inversión y que pueden significar también sumas millonarias.

Una parte de estos hechos son delitos, sancionables por la justicia penal y la mayor parte se hicieron en aplicación del modelo económico que privilegia la ganancia individual sobre el bienestar colectivo.

Esto parece ser intrínseco al modelo económico y la ciudadanía se da cuenta: las diferentes mediciones sobre la percepción de la corrupción indican que las instituciones colombianas son percibidas como corruptas por sus ciudadanos en un 79,6 en un índice de 100, solo comparable con Venezuela. Todos estos dineros: los que se roban, los que se ganan en “primas de éxito”, los que dejan de entrar a las arcas públicas, se usan para aceitar la maquinaria política, reelegir a pésimos presidentes y perpetuar una clase política sin más principios que ganar elecciones para continuar el desfalco y permitir que el modelo económico se perpetúe.

Este modelo consiste en hacer de los derechos como la salud y la educación, fuente de ganancia privada, convertir los bienes públicos en oportunidad para los negocios de los extranjeros, preferir la especulación sobre la producción y cargar todo el peso de los déficits sobre quienes siempre lo han llevado: la inmensa mayoría de la población colombiana.

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